El empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, denunció a un periodista que lo señaló como presunto líder de un supuesto entramado de corrupción dentro de empresas públicas del sector eléctrico, motivo por el que le exige una indemnización de 500.000 dólares.
La querella, publicada por el medio digital La Posta, el mismo que en los últimos días ha difundido audios de presuntos integrantes de esa trama de corrupción que señalan a Carrera como el «padrino», está dirigida contra el periodista Andersson Boscán, quien publicó en ese medio las grabaciones.
Esos documentos contienen conversaciones atribuidas al expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque, y de Leonardo Cortázar y Rubén Cherres, dos supuestos integrantes de este entramado. Este último llega a mencionar un presunto pago de 30.000 dólares mensuales «a Carrera», en un corte del diálogo difundido en el que no menciona nombres.
En sendas comunicaciones de sus abogados, Carrera, que en el pasado fue presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y directivo del Banco de Guayaquil, del que también ha formado parte el presidente Lasso, ha «rechazado tajantemente» las acusaciones y las calificó de «injuriosas».
Asimismo, negó haber dirigido una estructural criminal instaurada en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) que supuestamente recibía sobornos en licitaciones y contrataciones públicas.
También acusó a Cherres de supuestamente tomarse su nombre para delinquir, por lo que pidió que sea investigado y procesado con «todo el rigor de la ley».
Por su parte, el Gobierno también rechazó estar detrás de cualquier estructura criminal dentro de las empresas del Estado y Lasso ordenó a la Policía la ubicación de Luque y Cherres, tanto dentro como fuera de Ecuador.
Este martes, el secretario de Administración Pública de la Presidencia, Iván Correa, indicó en declaraciones al canal Ecuavisa, que el Ejecutivo solicitó la renuncia de todos los gerentes de empresas públicas.
De su lado Fundamedios, la organización regional sin fines de lucro, señaló que si bien las acciones por el derecho civil son «un mecanismo permitido por los instrumentos internacionales de protección a la libertad de expresión, en aquellos casos en los que se ha afectado el honor de una persona, la misma debe ser utilizada como último recurso, una vez agotados los mecanismos existentes en la normativa».
En Ecuador, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Comunicación se establece el derecho a la réplica y a la rectificación como el mecanismo idóneo para reparar posibles errores o discrepancias frente a los contenidos periodísticos, anotó.
«De otra manera, se estaría intentando censurar una investigación periodística respecto a asuntos de interés público, los cuales tienen una especial protección por los estándares internacionales de Derechos Humanos, así como se estaría vulnerando la libertad de expresión y libertad de prensa», indicó Fundamedios. EFE
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