La expresidenta argentina Cristina Fernández afronta desde este jueves un juicio oral por la causa de corrupción conocida como ‘los cuadernos de las coimas’, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.
Fernández, detenida en su domicilio desde el pasado 17 de junio por otro caso de corrupción, será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 junto a otros 21 funcionarios y 65 empresarios.
Al finalizar la instrucción, el fiscal federal Carlos Stornelli sostuvo que Fernández lideró junto a su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), un sistema de recaudación ilegal que funcionó dentro del Ejecutivo y que involucró a funcionarios de distintos niveles jerárquicos.
Entre los acusados figuran exministros, exsecretarios, chóferes y ejecutivos de grandes compañías de los sectores de la construcción, energía y transporte, señalados por la Fiscalía como parte de una “asociación ilícita” encabezada por Fernández.
La exmandataria será juzgada, además, como «coautora de 204 cohechos pasivos» y «partícipe necesaria de un cohecho pasivo».
Según la acusación, las maniobras incluyeron el pago de sobornos en la adjudicación de concesiones ferroviarias y viales, la entrega de dádivas a funcionarios a cambio de favores estatales y acuerdos ilícitos entre empresas constructoras para establecer precios elevados en las ofertas de licitación de obra pública.
La investigación derivó de una causa iniciada en 2017 por maniobras irregulares en la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) por la que ya fueron condenados en septiembre pasado el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el exsubsecretario de esa cartera Roberto Baratta, ambos imputados también en este juicio.
La causa se amplió en 2018, cuando se conoció que un exchófer del ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, había anotado los movimientos de funcionarios que trasladaban bolsos con dinero desde las sedes de distintas empresas hasta los despachos o domicilios de miembros del Ejecutivo.
La veracidad de la evidencia fue cuestionada por los abogados defensores de Fernández, Carlos Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy, quienes en agosto de 2023 pidieron la nulidad de la causa basándose en dos pericias públicas -una de la Policía Federal y otra de la Universidad de Buenos Aires- que indicaban que los cuadernos habían sido alterados.
Las audiencias del debate oral se desarrollarán cada jueves de manera virtual y el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal general Fabiana León y su equipo.
Fernández cumple actualmente una condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo.
EFE
