El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó este viernes su «gran preocupación» por las acciones que el régimen de Maduro ha desplegado para «impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos», de cara a las elecciones presidenciales previstas en el segundo semestre de 2024.
En el quinto informe periódico sobre Venezuela emitido por el comité, se lamenta el hecho de que opositores políticos «han sido ya inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024«.
El informe no cita nombres concretos, aunque se publica pocos días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera las elecciones primarias celebradas para designar un candidato de la oposición, y que había ganado María Corina Machado.
El comité citó al ente judicial pero también al Consejo Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República como instituciones cuyas acciones u omisiones están produciendo «restricciones al espacio democrático».
También expresaron preocupación por la retirada del derecho al voto directo y secreto de pueblos indígenas en Venezuela, así como las denuncias sobre supuestas interferencias deliberadas en las inscripciones en el registro electoral, que han afectado especialmente a jóvenes de entre 18 y 35 años.
El informe cubre distintos aspectos de los derechos humanos en Venezuela entre 2015 y 2023, y aunque subraya un descenso del número de protestas contra el Gobierno a partir de 2020 subraya que éstas siguen siendo reprimidas por grupos armados, los llamados colectivos, «presuntamente financiados o tolerados por las autoridades».
Continúan, añade el documento, las «graves restricciones a la libertad de opinión y expresión» en Venezuela, que incluyen acoso, intimidación y detención arbitraria de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas considerados críticos con el régimen de Maduro.
Ello se produce en un contexto donde sigue habiendo serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial, «dados los supuestos vínculos de varios jueces y magistrados, incluso del Tribunal Supremo de Justicia, con los partidos políticos».
El comité mostró igualmente preocupación por el «persistente uso de la tortura y malos tratos» en centros de detención e investigación por parte de autoridades y grupos estatales no controlados «como forma de represalia o castigo para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno».
Se siguen denunciando casos de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y otras formas de uso ilícito de la fuerza atribuidos a autoridades estatales, fuerzas militares, servicios de inteligencia civil y militar, así como los mencionados colectivos.
Las personas privadas de libertad en el país suramericano se encuentran en un sistema penitenciario que sufre un alto índice de hacinamiento, y muchas de ellas dependen de sus familias para tener acceso a alimentos y tratamiento médico durante su cautiverio, lamenta el informe.
Éste cita también los abusos contra la población indígena y campesina local que se producen en zonas mineras como la cuenca del Orinoco, donde se han denunciado desplazamientos forzados, trata con fines sexuales y trabajo infantil.
El comité de la ONU afirma -por otro lado- que la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos de la vida pública venezolana, y denuncia la criminalización de activistas y funcionarios públicos por denunciar esa corrupción, siendo a menudo ello acusados con falsos cargos como «revelación de información confidencial».
Con información de EFE
