La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la expulsión migrantes venezolanos y colombianos de Chile, quienes previamente fueron incomunicados y en algunos casos se reportó separación familiar.
En un comunicado, la CIDH señaló que «observó con preocupación que el 4 de noviembre de 2021, el gobierno habría expulsado a al menos a 120 personas provenientes de Colombia y Venezuela que, según información pública, incluyen a personas condenadas por delitos en Chile, así como aquellas que ingresaron por fuera de los canales regulares de entrada al país, por vía administrativa.»
Además destacaron que organizaciones civiles señalaron que previo a la ejecución de los procedimientos «las personas habrían sido detenidas e incomunicadas», y también reportaron «casos de separación familiar, así como la falta de implementación de medidas para garantizar el principio de unidad familiar y de reunificación.
Asimismo las organizaciones indicaron que no se le estaría brindando el acceso a la asistencia judicial indicada, ni la posibilidad de presentar recursos legales efectivos.
Ante esto el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instó al Estado chileno a respetar el principio de no devolución y a garantizar el debido proceso y el acceso a mecanismos de protección efectivos.
