La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este lunes una alerta sobre la creciente represión transnacional ejercida por el régimen de Daniel Ortega, que estaría afectando a opositores y defensores de derechos humanos nicaragüenses exiliados en distintos países de la región.
La CIDH y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) expresaron especial preocupación por los recientes actos de hostigamiento, persecución y vigilancia fuera del territorio nicaragüense, dirigidos contra activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que continúan su labor de denuncia desde el exilio.
Uno de los hechos más graves señalados en el comunicado es el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio en su vivienda en San José, Costa Rica. Samcam, reconocido analista político y fuerte crítico del régimen, fue asesinado por un sujeto que se hizo pasar por mensajero y le disparó múltiples veces. Vivía en el exilio desde 2018.
El Estado costarricense, según la CIDH, activó investigaciones desde el primer momento. El fiscal adjunto aseguró que se están manejando todas las hipótesis, incluidas motivaciones políticas o transnacionales, y ratificó el compromiso con el esclarecimiento de los hechos.
Costa Rica también reconoció el desafío que representa la represión transnacional para los marcos tradicionales de protección de los derechos humanos en la región.
Criminalización del exilio
Además del homicidio de Samcam, la CIDH denunció el uso indebido de alertas rojas de INTERPOL contra opositores, así como solicitudes de extradición contra solicitantes de asilo, lo que constituye una forma de persecución política.
También documentó que personas defensoras de derechos humanos en el exilio han sido objeto de vigilancia e intimidación, y organizaciones nicaragüenses en el exterior han enfrentado obstáculos para continuar su trabajo de acompañamiento a víctimas.
La CIDH hizo un llamado a los Estados receptores para que investiguen diligentemente todos los actos de represión contra nicaragüenses exiliados, y para que garanticen protección, justicia y no impunidad.
Asimismo, reiteró que los Estados deben evitar el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional como herramienta de persecución política y recordó su obligación de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción.
