La Cancillería de Bolivia anunció este lunes que presentará un reclamo a los Gobiernos de España y Chile por la «intromisión» de dos de sus legisladores que llegaron al país y se manifestaron a favor de la liberación del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, detenido por hechos en la crisis boliviana en 2019.
En una rueda de prensa, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, mencionó que el legislador español de Vox Víctor González y el parlamentario chileno del Partido Republicano Luis Fernando Sánchez cometieron un «claro acto de intromisión que es inaceptable».
González y Sánchez se presentaron esta jornada en el Comando Departamental de Santa Cruz, la mayor región boliviana, para entrevistarse con el jefe de esa repartición policial, cuando al mismo tiempo se realizaba una protesta de mujeres que pedían la libertad de Camacho.
González expresó a los medios su preocupación por lo que consideró las «sistemáticas violaciones a los derechos humanos» en Bolivia y la privación de libertad a «punta de fusil» del gobernador Camacho, por lo que adelantó que ya existe una iniciativa parlamentaria en su país para que el Gobierno español exija su liberación.
Por su parte, Sánchez mencionó la necesidad de que los organismos internacionales se presenten «en terreno» para «constatar que la función policial (en Bolivia) se desarrolle siempre en un marco de respeto a los derechos fundamentales».
Al respecto, el viceministro Blanco manifestó que ambos diputados «no representan a su (respectivo) Gobierno» por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia hará «un reclamo formal» a Chile y España» a través de los «canales diplomáticos correspondientes».
Blanco también se refirió a que «no es la primera vez» que el legislador español González está en Bolivia para cometer «intromisiones» y citó su llegada al país en 2019 cuando asumió el Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez.
Cabe destacar que la Policía detuvo a Camacho el pasado miércoles y activó un operativo para trasladarlo de la oriental Santa Cruz a La Paz, en el occidente del país, por una acusación de terrorismo relacionada al caso «golpe de Estado I» debido a la crisis política de 2019.
La denuncia la presentó a finales de 2020 una exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por las protestas sociales que en 2019 denunciaron un fraude electoral en las frustradas elecciones ese año y que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que advirtió sobre un «golpe de Estado» en su contra.
Un juez dictó cuatro meses de prisión para Camacho en un penal de máxima seguridad a 35 kilómetros de La Paz y a casi 4.000 metros de altitud, en el altiplano del país.
El arresto y el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz provocó varias jornadas de protestas con enfrentamientos entre sus partidarios y la Policía, en los que hubo destrozos a entidades estatales y decenas de detenidos, con varios de ellos ya sentenciados a tres años de prisión.
El Gobierno ha responsabilizado a «grupos irregulares» de realizar esos destrozos, mientras que los sectores cívicos que piden la liberación de Camacho aseveran que se tratan de «autoatentados» provocados por sectores afines al Gobierno del presidente Luis Arce.
Con información de EFE
