El Parlamento de Argentina aprobó este martes una ley que permitirá a unas 800.000 personas que no reúnen los requisitos para poder jubilarse puedan hacerlo de forma excepcional.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo y que ya había sido aprobada el año pasado por el Senado, recibió este martes el visto bueno en la Cámara de Diputados con 134 votos a favor y 107 en contra.
La ley crea un plan de pago que permite que quienes están en edad de jubilarse pero que no cuentan con los 30 años de aportes jubilatorios necesarios puedan abonar a la seguridad social las cuotas faltantes para acceder al beneficio.
Estas personas, unas 800.000 según fuentes oficiales, podrán pagar los aportes que les faltan en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa de la jubilación que obtengan.
Hasta ahora, quienes no podían acceder a la jubilación por no cumplir con los requisitos, podían solicitar la denominada «pensión universal para el adulto mayor», que equivale al 80 % de una jubilación mínima.
En Argentina, donde hay unos 7 millones de jubilados y pensionados, el sistema de pensiones vigente es estatal y de reparto o solidario, es decir, se nutre con los aportes a la seguridad social de un porcentaje de los ingresos de los trabajadores, tanto los independientes y como los asalariados, y este aporte es obligatorio.
La edad mínima para poder jubilarse en Argentina es de 65 años para los varones y de 60 para las mujeres, pero siempre y cuando cuenten con al menos 30 años de aportes al sistema.
Dada las sucesivas crisis económicas en Argentina -con alto desempleo y alto nivel de informalidad- y las poblaciones específicas sin aportes a la seguridad social (por ejemplo, mujeres en tareas de cuidado), se han aplicado medidas excepcionales (denominadas «moratorias previsionales») que permiten jubilarse con menos años de aportes, pero cobrando una pensión menor.
La última «moratoria previsional» estuvo vigente desde 2014 y hasta julio pasado, cuando el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció su prórroga, tomando la decisión de extender su plazo hasta que el Parlamento sancionara una nueva ley. EFE
