La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue «reprimiendo» y «criminalizando» a la disidencia, a las ONG, a la Iglesia católica y otros grupos religiosos, y a los medios de comunicación independientes, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
En su informe, difundido este lunes, AI denunció que el Gobierno sandinista, en el poder desde 2007, continuó expulsando, privando de la nacionalidad y deteniendo de forma arbitraria a disidentes y otras personas, «exponiéndolos a una grave vulnerabilidad y a la violación de sus derechos», y que la impunidad prevaleció.
En enero de 2024, 16 representantes de la Iglesia católica nicaragüense, entre ellos el obispo Rolando Álvarez -quien llevaba más de un año en prisión- fueron expulsados y despojados de su nacionalidad, de acuerdo con el informe.
En tanto, en septiembre de ese año, las autoridades expulsaron a Guatemala a otros 135 nicaragüenses que habían estado encarcelados por motivos políticos, algunos durante más de dos años.
«Desde que comenzaron las expulsiones en 2023, más de 400 personas se han quedado sin acceso a sus bienes, enfrentando restricciones a sus derechos y libertades y enfrentando serias dificultades para integrarse en los países de acogida», advirtió AI.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, informó que la expulsión de nicaragüenses y residentes extranjeros sin el debido proceso, no solo despojó a los primeros de su nacionalidad, sino que también los dejó en una situación de grave vulnerabilidad y reforzó un clima de temor para quienes pudieran ser vistos como críticos del Gobierno, alertó esa ONG.
Ortega busca silenciar a los medios
Por otro lado, según el informe, las autoridades impusieron estrictas restricciones a los medios de comunicación en 2024, «amenazando la libertad de expresión».
«Las autoridades continuaron implementando medidas para silenciar a los medios de comunicación independientes, creando un vacío informativo y dificultando el acceso de los nicaragüenses a noticias e información independientes», anotó AI.
Entre 2018 y 2024, al menos 276 periodistas fueron obligados a abandonar el país, según un informe publicado en septiembre por la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
El Gobierno sandinista confiscó, además, los activos de los medios de comunicación, lo que ahogó aún más la disidencia, según el informe.
Entre 2018 y junio de 2024, más de 50 medios de comunicación sufrieron la incautación de sus activos, detalló.
El Ejecutivo también implementó una legislación destinada a controlar el contenido en línea, exigiendo a las empresas de telecomunicaciones que proporcionen datos de los usuarios y restringiendo el contenido permitido en eventos artísticos
En tanto, en julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso que destaca «la ejecución extrajudicial del periodista Ángel Eduardo Gahona López a manos de agentes estatales».
Pueblos indígenas y su desplazamiento forzado
Asimismo, AI advirtió que «los pueblos indígenas continuaron enfrentándose al desplazamiento forzado y a ataques por parte de grupos armados progubernamentales y colonos».
Según el Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la Coalición de Lucha de Nicaragua, se reportaron «múltiples» violaciones contra defensores de derechos humanos indígenas, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y desplazamientos en territorios como la Reserva de la Biosfera de Bosawás.
En marzo de 2024, se celebraron elecciones regionales en la costa caribeña de Nicaragua sin la participación de partidos políticos indígenas por primera vez en años.
La exclusión del partido político Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA) se produjo tras la cancelación de su personería jurídica en septiembre de 2023 y la detención de sus líderes Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, quienes posteriormente fueron acusados de traición y conspiración, anotó el organismo.
AI resaltó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Nicaragua, «destacando las violaciones de los derechos indígenas, incluyendo el desplazamiento forzado y la falta de consulta sobre proyectos como el canal interoceánico, reafirmando la necesidad de proteger los territorios indígenas».
En tanto, los guardabosques mayangnas que defendían la Reserva de la Biosfera de Bosawás «permanecieron encarcelados por cargos dudosos, lo que refleja los mayores riesgos para los pueblos indígenas», denunció.
Con información de EFE
