El régimen de Nicolás Maduro secuestró a un empleado venezolano de la embajada de Argentina en Caracas, cuando se cumplen 20 días del asedio policial contra la sede diplomática.
La Cancillería argentina emitió un comunicado condenando «con la máxima firmeza la detención arbitraria e injustificada de un empleado local de la representación diplomática argentina en la República Bolivariana de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro».
«Esta acción constituye una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal, incluidos aquellos que desempeñan funciones esenciales», denunció el Ministerio de Exteriores argentino.
Argentina explicó que «esta detención no es un hecho aislado, sino parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina. A ello se suma la presencia de francotiradores apostados frente a la sede y la ocupación ilegal de las viviendas vecinas, configurando un cerco de facto con el claro objetivo de ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la representación diplomática».
Frente a esto, el Gobierno argentino exigió «de forma categórica la liberación inmediata del empleado local y la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas en la sede diplomática».
Argentina también pidió al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que «actúe con la urgencia y determinación que esta situación demanda. Es necesario garantizar la liberación del empleado local, la entrega de los salvoconductos y el fin del hostigamiento y el terror psicológico ejercido por el régimen de Nicolás Maduro contra la misión diplomática argentina y las personas bajo su resguardo. La pasividad o la demora en la acción solo contribuirán a agravar la situación», alertó.
Finalmente, Argentina también hizo «un llamado urgente a la comunidad internacional para que se sume a este reclamo con la mayor firmeza posible. La liberación inmediata del empleado local y la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas no admiten más espera. Las consecuencias de la inacción podrían ser irreparables», advirtió.
