La plataforma Justicia y Verdad, integrada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, advirtió que la aparente apertura política del régimen de Delcy Rodríguez no ha producido transformaciones reales en la estructura represiva del Estado venezolano, y exigió mantener y fortalecer los mecanismos de escrutinio internacional de la ONU en el país.
El pronunciamiento llega días antes de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, presente este viernes 26 de junio ante el 62° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos una actualización sobre la situación en Venezuela, seguida de un diálogo interactivo con los Estados miembros. Desde 2019, la ONU ha emitido más de 180 recomendaciones al Estado venezolano sin que se hayan producido acciones verificables de cumplimiento.
La plataforma identificó cuatro demandas urgentes que siguen desatendidas: no se ha abierto ningún proceso judicial sobre violaciones graves a los derechos humanos; las liberaciones no son plenas, con cientos de personas bajo medidas cautelares; los centros de detención y tortura no han sido cerrados ni preservados para procesos de memoria y justicia transicional; y la CIDH, los relatores especiales de la ONU y la Misión de Determinación de los Hechos siguen sin tener acceso al territorio venezolano.
«La maquinaria de represión y la estructura estatal de persecución siguen desplegadas, activas y operando bajo un patrón sistemático que mantiene a las víctimas en condiciones de grave vulnerabilidad», señaló la plataforma, advirtiendo que «la disposición al diálogo no se ha traducido en hechos tangibles que representen cambios estructurales».
La sesión del 26 de junio también es estratégica para los mecanismos internacionales: el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos, cuyo próximo informe está previsto para septiembre, requiere la votación de los Estados miembros para su continuidad. La plataforma advirtió que «desmantelar estos mecanismos en este momento significaría abandonar la protección de las víctimas y sepultar la evidencia de los crímenes cometidos».
