El futuro de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela, que investiga las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014, se decidirá este mes, en un momento especialmente delicado, en el que, la represión se ha incrementado.
La Misión, establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó varios informes, entre ellos el de 2021, donde documentó cómo el sistema de justicia venezolano forma parte de la maquinaria represiva del régimen.
Alía Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó en entrevista con EFE que «si ya la Misión estaba justificada antes, ahora lo está más», no solo por el incremento de la represión sino también porque el régimen expulsó en febrero a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, por lo que el grupo es el único de dimensión internacional con un «mandato claro» para monitorear la situación.
Daniels advirtió que Venezuela se encuentra en «otro pico» de «represión», pues recordó que la ONG Provea documentó, entre el 29 de julio y el 13 de agosto un número de detenciones arbitrarias -que cifra en unas 2.400- equivalente al 94 % de las registradas entre abril y agosto de 2017, durante las protestas antigubernamentales.
Hallazgos de la Misión
El régimen -que ha calificado a la Misión de «falsa y vergonzosa» al sostener que «emite juicios parcializados»- no ha permitido que los expertos visiten el país. Pero a pesar de no estar en Venezuela, la Misión ha entrevistado a víctimas a través de medios telemáticos y ha recopilado testimonios directos sobre violaciones de derechos humanos.
Lla Misión ha investigado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, entre otros, y sus informes han sido citados por la Corte Penal Internacional (CPI), que escruta presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El grupo, que afirmó en su informe de 2022 que «Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia», exigió recientemente que cese la represión y que sean investigadas las muertes -cifradas en 25 por el Ejecutivo- durante las manifestaciones postelectorales.
Ante esta situación, Daniels afirma que no renovar el mandato de la Misión «sería un signo de que Naciones Unidas no estaría valorando, en su enorme dimensión, lo que está pasando en el país», pues afirma que hay una «continuación de patrones» que ha documentado el grupo, como «desapariciones forzadas».
Una veintena de ONG venezolanas expresaron que la Misión «puede jugar un rol clave» ante la «represión generalizada» tras las elecciones.
El próximo 19 de septiembre, la Misión presentará su quinto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que decidirá, mediante una resolución, si extender el mandato de esta fuerza de observación.
Con información de EFE / Ricardo Barbar
