La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela, resolviendo así el principal obstáculo procesal que la defensa había planteado en el caso.
Según una carta conjunta presentada el 24 de abril ante el juez Alvin Hellerstein del Distrito Sur de Nueva York, firmada por el fiscal Jay Clayton, las licencias enmendadas autorizan los pagos bajo dos condiciones: que provengan de fondos disponibles para el Gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026, y que no se deriven de fondos de depósito de gobiernos extranjeros definidos en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026.
La carta señala que las nuevas licencias «han resuelto los problemas subyacentes a las mociones de los acusados para desestimar el cargo de acusación sustitutiva», por lo que la defensa retiró sus mociones de desestimación, reservándose el derecho de volver a presentarlas si surgieran situaciones similares.
Ambas partes solicitaron además al juez programar una conferencia de estado del caso en aproximadamente 60 días y excluir ese tiempo del cómputo bajo la Ley de Juicio Rápido.
Cómo avanza la causa en Nueva York
La resolución llega semanas después de que el juez Hellerstein en audiencia del 26 de marzo rechazara desestimar el caso, tal y como pedían sus abogados. «No voy a desestimar el caso», aseveró el magistrado.
El 15 de abril, el juez emitió además una orden que regula la gestión del material confidencial entregado a la defensa, prohibiendo que las pruebas sean compartidas con acusados prófugos como el secretario del PSUV Diosdado Cabello, el hijo del dictador Nicolás Maduro Guerra y el presunto líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.
Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores está acusada de conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas. Ambos se declararon «no culpables» en enero.
Los expertos estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años.
