La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este viernes un nuevo informe en el que concluye que en el país se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, vinculados a una política estatal dirigida a sofocar la oposición al gobierno.
El documento señala que, tras analizar hechos ocurridos en torno a los comicios de 2024 y otros posteriores, se confirma la existencia de una estrategia sistemática que combina distintos métodos de persecución y represión en momentos de tensión política.
La misión reitera que algunas de las violaciones documentadas —detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y la falta de atención médica oportuna que ha causado muertes— constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, que continúa ejecutándose contra opositores, críticos y personas percibidas como tales.
El informe detalla además que las agresiones incluyeron actos de violencia sexual contra mujeres detenidas, incluso adolescentes, y alcanzaron a personas extranjeras de 29 países, traspasando así los límites nacionales. También advierte que se han mantenido normas restrictivas que limitan la participación libre en el espacio democrático.
Uno de los hallazgos más relevantes responsabiliza directamente al sistema de justicia venezolano, al afirmar que sus autoridades han contribuido de manera esencial a la concreción de esta política de Estado. Según la misión, sus actos deliberados facilitaron las violaciones y garantizaron su encubrimiento, incumpliendo obligaciones constitucionales e internacionales.
La Misión de Determinación de la ONU insiste en que estos patrones muestran continuidad con los informes anteriores y subraya que la situación en Venezuela constituye una amenaza persistente para los derechos humanos y la democracia en la región.
