Familiares y allegados de jóvenes detenidos en el contexto de protestas poselectorales solicitaron este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante un recurso de amparo, la revisión de las medidas cautelares de los presos, a quienes se les imputan varios delitos como terrorismo e incitación al odio.
“¡Ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!”, gritaron los familiares, quienes también pidieron al TSJ el respeto al debido proceso para los detenidos.
Gabriela Meneses, familiar del detenido Dennis Rojas González, de 21 años, dijo a EFE que el joven fue capturado en el estado La Guaira el 3 de agosto, tras protestar el 29 de julio. Denunció que al joven, imputado por «terrorismo», le están violando sus derechos humanos y no se le permite una defensa privada.
«Le están imputando terrorismo. Eso es una palabra tan grande. Terrorismo es cuando destruyes a un país entero, tumbas un avión», manifestó la mujer, al tiempo que afirmó que el joven «no rompió» ni «quemó» nada durante las protestas.
Asimismo, dijo que el detenido tiene «una mano fracturada» y no ha sido atendido, y que, además, padece de una «dermatitis severa en la cara».
Por su parte, Moraima Urbáez, madre de Kevin Ramos, dijo a EFE que su hijo, de 33 años, fue detenido también el 29 de julio, «aparentemente» sin ningún motivo, durante un operativo policial en La Guaira.
«Se negaba a que los policías lo montaran en la moto, igualito lo golpearon y se lo llevaron», aseguró la mujer.
Agregó que el detenido «tiene una hernia inguinal e hidrocele (líquido en los testículos)» y manifestó no saber si ha sido evaluado por un médico.
Urbáez explicó que los cargos que le imputan a su hijo son los que «tienen la mayoría»: incitación al odio, daño y perjuicio, entre otros.
Con información de EFE
