Madres, abuelas, hermanas y esposas se han convertido en el rostro de una resistencia que ya supera los cinco meses a las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda. Desde el pasado 8 de enero, familiares de presos políticos mantienen un campamento permanente para exigir la liberación de sus seres queridos, en medio de denuncias de torturas, desapariciones temporales y condiciones de reclusión consideradas inhumanas.
La permanencia en este espacio, conocido por sus ocupantes como el “campamento de la dignidad”, se ha prolongado durante 152 días. Allí conviven con las altas temperaturas, las lluvias y la incertidumbre de no saber cuándo terminará la espera. A pesar de ello, aseguran que continúan aferrados a la fe y a la esperanza de reencontrarse con sus familiares en libertad.
Una de las voces que resume ese sentimiento es la de Melva Vázquez, de 69 años, quien tiene detenidos a dos de sus hijos. Relató que durante meses desconoció su paradero hasta confirmar que ambos habían estado recluidos en El Rodeo I. Según denunció, fueron sometidos a torturas y obligados a asumir responsabilidades que niegan haber cometido.
Vázquez afirmó que uno de sus hijos sufrió fracturas y otras lesiones durante su detención. También cuestionó la falta de avances judiciales en el caso y sostuvo que las familias han perdido la confianza en las instituciones venezolanas, por lo que encuentran refugio en la solidaridad mutua y en sus creencias religiosas.
Historias similares se repiten entre quienes permanecen en el campamento. Ruth Molero, procedente del estado Zulia, busca justicia para su hijo Arialdo Camargo y otros familiares vinculados al caso Plaza Venezuela. Recordó que recorrió distintos centros de detención antes de conocer el lugar donde se encontraba recluido su hijo.
Molero denunció que los detenidos fueron golpeados, maltratados y privados de alimentación durante las primeras etapas de su encarcelamiento. Asimismo, relató uno de los episodios más tensos ocurridos dentro del penal, cuando varios presos extranjeros protestaron para exigir respeto a sus derechos y fueron reprimidos por los custodios.
Las promesas de liberaciones masivas anunciadas por altos funcionarios también han generado frustración entre los familiares. Los integrantes del campamento consideran que los anuncios no se han traducido en resultados concretos y denuncian sentirse utilizados mientras cientos de personas continúan privadas de libertad por razones políticas.
Otra de las mujeres que mantiene la vigilia es Carmen Hurtado, madre del militar Ángel Orlando Perdomo Hurtado, detenido desde 2020 por el caso Gedeón. Tras pasar varios años en El Helicoide, su hijo fue trasladado a El Rodeo I, un recinto que ella describe como aún más restrictivo debido a las limitaciones para las visitas y la entrega de medicinas, alimentos y objetos personales.
Hurtado asegura que los encuentros con su hijo duran apenas unos minutos y se realizan a través de un vidrio, sin posibilidad de contacto físico. Aun así, afirma que es él quien le transmite fortaleza para continuar luchando.
La historia de Andreína Baduel también forma parte de esta realidad. La hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel y hermana de Josnars Baduel, preso desde 2020, combina la defensa de su familiar con el trabajo que realiza dentro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
Baduel denunció que las visitas continúan desarrollándose bajo estrictas restricciones y que los familiares apenas pueden intercambiar unas palabras con los detenidos. Según explicó, llevan años sin poder abrazar a sus seres queridos.
Mientras el tiempo avanza y las promesas siguen sin cumplirse, las mujeres de El Rodeo I mantienen firme su presencia frente al penal. Para ellas, la lucha no terminará hasta que los presos políticos recuperen su libertad y puedan regresar a casa junto a sus familias.
