El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) alertó en su más reciente informe sobre el deterioro acelerado del espacio cívico en Venezuela, caracterizado por una creciente persecución a defensores de derechos humanos, periodistas, organizaciones sociales y disidentes políticos, lo que ha obligado al exilio forzado de decenas de personas desde mediados de 2024.
El documento, presentado este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, subraya que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 se ha observado una intensificación de medidas represivas contra activistas y actores de la sociedad civil, con detenciones arbitrarias, amenazas, vigilancia digital, bloqueos financieros y campañas de estigmatización en medios oficiales.
«El ACNUDH observó un aumento de las restricciones del espacio cívico, incluida la criminalización y la detención arbitraria de voces consideradas disidentes, el bloqueo de información sobre temas de interés público, el cierre de medios de comunicación y las restricciones del derecho de reunión pacífica», indica el informe.
Exilio forzado
Entre los hallazgos más alarmantes, el Alto Comisionado documentó que al menos 75 hombres y 41 mujeres (un total de 116 personas) se han visto forzados a esconderse o huir del país por temor a represalias. Este grupo incluye líderes opositores, defensores de derechos humanos, sindicalistas, activistas estudiantiles, exfuncionarios militares y periodistas.
Además, el informe señala que al menos 58 personas continúan detenidas por «motivos políticos» tras su arresto, muchas de ellas en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales. La ONU advierte que estas detenciones tienen un efecto disuasorio directo sobre la participación política y la libertad de asociación, y lamenta que «todas las personas detenidas vinculadas al contexto electoral fueron acusadas de delitos de terrorismo y otros cargos conexos».
Persecución a las organizaciones sociales
El informe señala con profunda preocupación que el Estado venezolano ha aumentado el uso de leyes restrictivas y procedimientos arbitrarios para hostigar y criminalizar a organizaciones de derechos humanos y cooperación internacional. Se menciona específicamente que las «medidas adoptadas por el Estado en relación con las ONG, incluida la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines aprobada en 2024, continúan restringiendo gravemente el espacio cívico».
También se denuncia que muchas ONG han sufrido bloqueo de fondos, cancelación de cuentas bancarias, imposición de requisitos administrativos desproporcionados y difamación pública, acciones que han afectado su capacidad de operar con seguridad y eficacia. El ACNUDH recibió información sobre «nuevos casos de congelación de cuentas bancarias de ONG, lo que restringe gravemente su capacidad para llevar a cabo actividades».
Periodistas bajo vigilancia
El informe también hace referencia al acoso a medios independientes y periodistas, incluyendo bloqueos digitales, vigilancia de comunicaciones, estigmatización pública y riesgos de detención. El ACNUDH documentó la detención arbitraria de 10 periodistas, entre otros actores de la sociedad civil.
«El ACNUDH observó un aumento del uso de tecnología de internet y redes sociales para intimidar, estigmatizar y perseguir a quienes se percibe como voces disidentes», señala el documento, haciendo hincapié en que algunas voces críticas han tenido que abandonar sus labores o salir del país ante amenazas directas.
El Alto Comisionado urgió al Estado venezolano a garantizar la libertad de asociación, expresión, reunión pacífica y participación política sin represalias, así como a cesar las medidas de criminalización contra quienes defienden derechos humanos o expresan opiniones críticas.
El organismo también exhortó a derogar o modificar las leyes que imponen restricciones desproporcionadas a las ONG, y a garantizar un entorno propicio para el funcionamiento libre y seguro de la sociedad civil. Además, el informe enfatiza la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos, señalando que «la información recibida por el ACNUDH sobre la rendición de cuentas en casos de derechos humanos sigue siendo mínima».
