En las últimas semanas, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Argentina y República Dominicana han declarado organización terrorista al Cartel de los Soles. Sin embargo, no se trata de un grupo criminal nuevo o desconocido. Ya desde 2020 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había reportado su existencia y alertado sobre la expansión del narcotráfico en Venezuela.
En su informe anual correspondiente a 2019, presentado en febrero de 2020, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advirtió: «En la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el “Cártel de los Soles” para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”.
El documento de la ONU detalló que “los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y los Estados Unidos desde Colombia, pasando por la República Bolivariana de Venezuela.”.
Según la JIFE, «para controlar ese tráfico, en particular el tráfico de cocaína a través de Centroamérica con destino a los Estados Unidos, los grupos delictivos organizados controlan los puertos marítimos y utilizan aeronaves ligeras, con las que realizan vuelos ilegales».
De Venezuela a otros países
El informe de la ONU ubicaba a Venezuela como un importante país de tránsito para el narcotráfico global. Por ejemplo, reportaba que en Honduras «aterrizan aeronaves cargadas de mercancías ilegales procedentes de Colombia y Venezuela».
Destacaba también que Trinidad y Tabago llegaba «cocaína originaria de Colombia, que se trafica a través de la República Bolivariana de Venezuela para su posterior reexpedición a otros países del Caribe, los Estados Unidos y Europa».
En este contexto, el informe advertía que el cultivo de hoja de coca en América del Sur se duplicó entre 2013 y 2017, al tiempo que la violencia vinculada a la droga había aumentado, especialmente en Brasil, Colombia y Venezuela
Estas constataciones evidencian que el rol de Venezuela como plataforma de tránsito ya estaba bajo el escrutinio internacional hace cinco años.
