La jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del tribunal segundo con competencia en terrorismo, sigue con su ensañamiento en contra de los adolescentes detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
24 horas después de haber ordenado el pase a juicio de siete adolescentes del estado Carabobo, impuso una medida similar en contra de otros dos menores de edad que fueron presentados en el Circuito Judicial Penal de San Juan de Los Morros en una audiencia telemática la tarde del jueves 3 de octubre, reportó El Carabobeño.
En total ya son 11 los menores de edad del estado Carabobo que han sido pasados a juicio acusados de «terrorismo» y otros supuestos delitos.
Como en las dos audiencias preliminares anteriores, el procedimiento con estos dos adolescentes fue el mismo. El fiscal solicitó una pena de 10 años por los delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vía pública y resistencia a la autoridad. Además añadió el delito de uso indebido de uniformes e insignias militares.
Los jóvenes no tuvieron derecho a designar un abogado privado de su confianza, sino que se les impuso otra vez a Kelly Pérez como defensora pública.
En la audiencia, la jueza Keidimar Ramos Castillo repitió su oferta: si se declaraban culpables cumplirían una condena de 6 años y 8 meses, sin beneficios. De lo contrario irán a juicio para recibir un castigo de 10 años de prisión. Los jóvenes, de 17 años, no aceptaron la extorsión.
Torturados
Como en los casos anteriores, familiares de estos adolescentes también denuncian que fueron torturados durante su detención.
Uno de ellos fue arrestado el 29 de julio cuando salía a comprar pañales para su hijo de 7 meses de nacido, en el sur de Valencia. Tras varios días sin saber de su paradero, el 31 de julio su madre recibió un llamado en el que le informaron que su hijo estaba en el Palacio de Justicia del estado Carabobo.
«Mami me duele todo, no me abraces, me golpearon horrible y me sembraron», le dijo el joven cuando se vieron.
Según denuncian, cuando lo detuvieron «le quitaron los pañales, lo tiraron al piso y le cayeron a patadas, le quitaron los zapatos y lo obligaron a ponerse unos de policías. Eran funcionarios de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana.»
En la sede policial en Valencia fue torturado hasta que finalmente accedió a grabar un video confesando que supuestamente recibió 30 dólares por salir a protestar, denunciaron sus familiares. «Lo hizo cuando lo amenazaron con partirle la cabeza».
Cuando estuvo recluido en Carabobo compartió celda con presos comunes, algunos con tuberculosis, según sus familiares. Luego los cambiaron a un calabozo donde solo estaban menores de edad, pero comenzaron a golpearlos todas las noches. Finalmente los llevaron a San Juan de los Morros.
El otro adolescente, también de 17 años, que fue pasado a juicio también fue detenido el 29 de julio cuando salía de la casa de su novia, embarazada.
Según denuncian familiares, funcionarios de la DIP de la PNB en varias motos lo cercaron, le pusieron un fusil en la frente y lo amenazaron con disparar si corría.
En la sede policial lo golpearon y lo obligaron a ponerse unas botas militares. A ambos jóvenes les adicionaron el delito de uso indebido de uniformes e insignias militares.
