El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes que su oficina ha solicitado órdenes de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant; y en contra de Yahya Sinwar, jefe del movimiento terrorista Hamás; Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, comandante en jefe del ala militar de Hamás; y de Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás, por críemes de guerra y de lesa humanidad cometidos, al menos, desde los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando los milicianos islamistas invadieron territorio israelí y asesinaron a 1.200 personas y más de 200 fueron secuestradas.
En un comunicado, Khan consideró que los cabecillas de Hamás cometieron los delitos internacionales:
- Exterminio como crimen de lesa humanidad.
- Asesinato como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra.
- Tomar rehenes como crimen de guerra.
- La violación y otros actos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y también como crímenes de guerra en el contexto del cautiverio.
- La tortura como crimen de lesa humanidad y también como crimen de guerra en el contexto del cautiverio.
- Otros actos inhumanos como crimen de lesa humanidad en el contexto del cautiverio.
- Trato cruel como crimen de guerra en el contexto del cautiverio.
- Ultrajes a la dignidad personal como crimen de guerra en el contexto del cautiverio.
«Estas personas planearon e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre de 2023 y, a través de sus propias acciones, incluidas visitas personales a rehenes poco después de su secuestro, reconocieron su responsabilidad por esos crímenes. Sostenemos que estos crímenes no podrían haberse cometido sin sus acciones», afirmó Khan.
El fiscal de la CPI relató que durante su propia visita al Kibbutz Be’eri y al Kibbutz Kfar Aza, así como al sitio del Festival de Música Supernova en Re’im, vio «las escenas devastadoras de estos ataques y el profundo impacto de los crímenes desmedidos. Hablando con sobrevivientes, escuché cómo el amor dentro de una familia, los vínculos más profundos entre un padre y un hijo, se distorsionaban para infligir un dolor insondable a través de una crueldad calculada y una insensibilidad extrema. Estos actos exigen responsabilidad», dijo Khan.
El fiscal también sostuvo que «hay motivos razonables para creer que los rehenes tomados en Israel han sido mantenidos en condiciones inhumanas y que algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida violación, mientras estaban en cautiverio».
En el caso del primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Yoav Gallant, la oficina del fiscal de la CPI consideró que tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra actos de humanidad cometidos en la Franja de Gaza desde al menos el 8 de octubre de 2023:
- Hacer morir de hambre a civiles como método de guerra como crimen de guerra.
- Causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o la salud o trato cruel como crimen de guerra.
- Homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra.
- Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra.
- El exterminio y/o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, como crimen de lesa humanidad.
- La persecución como crimen de lesa humanidad.
- Otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.
«Sostenemos que los crímenes de lesa humanidad acusados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina de conformidad con la política del Estado. Estos crímenes, en nuestra opinión, continúan hasta el día de hoy», afirmó Khan al referirse a las autoridades israelíes.
Consideró que «Israel, como todos los Estados, tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario. Independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza –es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, grandes sufrimientos y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil– son criminales».
