Familiares de personas privadas de libertad denunciaron irregularidades, extorsiones y retardo procesal penal en el Circuito Judicial del estado La Guaira, donde las actividades se reanudaron parcialmente dos meses después del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.
Las denuncias fueron recopiladas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que advirtió sobre las dificultades que enfrentan los familiares para conseguir que se agilicen las audiencias y avancen los procesos judiciales de sus seres queridos.
De acuerdo con los testimonios recogidos por la organización, los tribunales retomaron sus actividades a media máquina debido al supuesto riesgo estructural que representan dos edificios ubicados en las inmediaciones de la sede judicial, los cuales sufrieron daños durante los terremotos. Hasta el momento, no se ha definido si estas estructuras serán demolidas.
Aunque el edificio donde funcionan los tribunales se encuentra en condiciones adecuadas, la presidenta del circuito, Dayanhara González Seijo, ha habilitado las salas de manera progresiva. Sin embargo, las jornadas laborales terminan aproximadamente al mediodía, lo que limita la atención de los casos.
«Antes del terremoto se hacían las 7:00 p. m. y uno podía estar ahí en los tribunales. Ahora no, solo pasan los casos de flagrancia», relataron algunos de los afectados al OVP.
Ante esta situación, los familiares solicitaron a las autoridades agilizar las audiencias o implementar mecanismos telemáticos para atender los procesos pendientes y reducir el retardo procesal penal, una problemática que, según denunciaron, ya afectaba los expedientes antes de los movimientos sísmicos.
El OVP también recibió denuncias sobre cobros irregulares para obtener copias de expedientes y otros documentos judiciales. En algunos casos, los familiares aseguraron que les exigieron dos resmas de hojas blancas, dos cajas de bolígrafos y cuatro repuestos de tinta para impresoras como condición para iniciar los procesos legales de sus allegados.
A estas situaciones se suma la ocultación de evidencias procesales. Según los testimonios recopilados, una jueza se habría negado a entregar los audios de los juicios a los familiares, pese a tratarse de procedimientos abiertos. Los afectados señalaron que posteriormente se modificaron declaraciones para justificar imputaciones.
Denuncian fallas de custodia durante los terremotos
La organización también alertó sobre las condiciones de seguridad de los centros de detención preventiva durante la contingencia sísmica de junio.
En el centro de detención de Macuto, al menos 200 hombres privados de libertad fueron trasladados a un espacio abierto, similar a un patio, bajo la supervisión de un solo funcionario policial.
Según los relatos de los detenidos, el movimiento telúrico fue tan fuerte que tuvieron que sujetarse entre ellos para desplazarse hasta el área de resguardo. En medio de la confusión, el funcionario encargado abandonó el recinto para dirigirse a la playa y verificar rumores sobre la posible llegada de un tsunami.
Ante este panorama, el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió al Poder Judicial y a los organismos de control del régimen ordenar una inspección y auditoría desde Caracas para revisar los expedientes paralizados y aquellos que presentan presuntas irregularidades.
Asimismo, instó a la Fiscalía, al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la Defensoría del Pueblo a investigar las denuncias sobre cobros de dinero, extorsiones y siembra de pruebas que involucrarían a jueces, fiscales y funcionarios de seguridad de La Guaira.
La ONG también pidió restablecer el horario completo de los tribunales y garantizar el debido proceso de las personas privadas de libertad.
El @oveprisiones recopiló denuncias de familiares sobre presuntas irregularidades que se comenten en el Circuito Judicial de La Guaira, además del retardo procesal penal al que se son sometidos los privados de libertad.
Aproximadamente dos meses después del doblete sísmico del 24 de junio, los tribunales en La Guaira se reactivaron a media máquina, bajo la excusa del riesgo estructural que representan dos edificios ubicados alrededor de la sede judicial, los cuales sufrieron daños. Hasta el momento no se define si serán demolidos.
El edificio donde funcionan los tribunales se encuentra en condiciones adecuadas y la presidenta del circuito, Dayanhara González Seijo, ha ido habilitando salas progresivamente. Sin embargo, se labora hasta el mediodía aproximadamente.
“Antes del terremoto se hacían las 7:00 p. m. y uno podía estar ahí en los tribunales. Ahora no, solo pasan los casos de flagrancia”, contaron afectados.
Los familiares consultados por el OVP piden que se agilicen las audiencias o se hagan telemáticas, como solución al severo retardo procesal penal que afecta los casos de sus seres queridos desde antes de los terremotos.
Añadieron que en este circuito ocurren presuntos cobros irregulares, extorsión a cambio de otorgar la libertad o no enviar a las personas a juicio, y siembra de evidencias como armamento o drogas. Hay casos de familiares quienes por no ceder a los presuntos cobros sufrieron amedrentamiento en sus viviendas.
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— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) November 7, 2026
