Familiares de presos políticos denunciaron ante la Oficina del Coordinador Residente de la ONU, en Caracas, la falta de respuestas de instituciones del Estado a sus peticiones presentadas hace un mes, entre ellas, la revisión de casos y la creación de una mesa de diálogo.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló que, hace un mes, recorrió el Palacio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Servicio Penitenciario y la Fiscalía para entregar documentos con solicitudes que también incluyeron el «acceso a atención médica oportuna y especializada», la «libertad plena e inmediata para todos» y permitir la defensa privada.
Asimismo, exigieron el «fin de los traslados arbitrarios sin notificación» y garantizar las «visitas de familiares sin restricciones».
Sin embargo, «luego de un mes, incluso de haber pasado los 15 días hábiles que ellos mismos dijeron que debíamos esperar, no hemos obtenido ningún tipo de respuestas ni se han comunicado con ninguno de los familiares», dijo Sairam Rivas, pareja del exconcejal de Caracas Jesús Armas, detenido el 10 de diciembre.
«Al contrario, la respuesta del régimen ha sido afianzar y aumentar la persecución contra los familiares», aseguró la activista, quien denunció haber sido «nuevamente amenazada» por el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello.
Rivas anunció la entrega de un documento a la ONU con las solicitudes hechas en la protesta de hace un mes y con peticiones concretas a los representantes del organismo multilateral, como hacer un llamado «urgente» al Estado a «acabar con el aislamiento prolongado» y a gestionar «medidas humanitarias de todos los presos políticos que, en este momento, se encuentran con graves patologías y estados de salud».
Además, piden «interceder ante el Estado para que cese la persecución y el hostigamiento».
La activista pide al régimen de Nicolás Maduro que haya «coherencia» entre lo que denuncia sobre los más de 200 migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador y lo que hace con los opositores presos en Venezuela.
«Hablan del debido proceso, pero nuestros presos políticos, en muchos casos, sus familiares no saben siquiera cuáles son los cargos que les imputan ni cuál es el defensor público que les fueron asignados», afirmó Rivas, quien denunció también que «han sido presentados en audiencias clandestinas incluso en los mismos lugares donde fueron torturados».
La joven, en nombre del comité, exigió también que «se les garantice el debido proceso» a los migrantes encarcelados en el país centroamericano.
Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano -detenido el 30 de julio de 2024-, dijo que su pareja va a cumplir «ocho meses en aislamiento prolongado», período durante el que, denunció, le han «violado todos los derechos fundamentales», por lo que para ella es «difícil» creer en el «discurso cínico» del chavismo, que acusa al Gobierno salvadoreño de tener a los migrantes «secuestrados».
«Mi esposo tiene ocho meses secuestrado en el Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, en Caracas)», expresó la mujer, quien dijo seguir «sin respuesta oficial ni de su estado físico ni de cuándo» podrá visitarlo.
Con información de EFE
