El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Juan Carlos Delpino rompió el silencio y por primera vez denunció públicamente las violaciones que comete el presidente del ente comicial, Elvis Amoroso.
En entrevista con la periodista Celina Carquez para Efecto Cocuyo, Delpino denunció que desde el 26 de marzo Amoroso no convoca reuniones del directorio del CNE. Explicó que la decisión de revocar la invitación a la Unión Europea (UE) para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio fue adoptada de forma unilateral por Amoroso «por su cuenta«.
«Él viola nuestros derechos al no convocar una sesión para ello y permitirnos disentir, votar ‘no’ o salvar el voto. Al final la votación sería tres a dos, pero es irregular que una persona decida por todo un cuerpo colegiado, porque sabe que la mayoría votará con él», denunció.
El rector Delpino sostuvo que «ya se acabó el silencio por prudencia y en aras de lograr algunas cosas. No tengo nada que temer», por lo cual ha decidido hablar públicamente y denunciar las arbitrariedades cometidas por Elvis Amoroso.
«El país necesita que se sepa qué opinan cada uno de los rectores. Amoroso cree que el ente comicial es como la Contraloría donde él decidía todo. En el Poder Electoral no se respetan ya ni las formas», alertó.
Delpino también reveló, en la entrevista con Efecto Cocuyo, el malestar y las diferencias que hay entre el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, y Amoroso, a pesar de que ambos coinciden en su afinidad chavista.
«Quintero viene de la escuela de Tibisay Lucena en la cual pese a la tendencia política, se respetaba el proceso técnico e institucional y uno podía participar e incidir. Debemos restablecer el proceso de sesiones en el organismo y que se imponga el debate de las decisiones que se toman como Poder Electoral», afirmó.
Por último, el rector Juan Carlos Delpino también denunció que Amoroso ha impuesto «un censor en la Secretaría del CNE», en referencia al funcionario Alejandro Meneses, quien «examina la correspondencia y decide cuál recibe y cuál no», un hecho que califica como «inaceptable desde el punto de vista jurídico, viola el derecho administrativo y es absolutamente anti democrático», denunció.
