El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes dos nuevas licencias que flexibilizan de manera significativa las restricciones para que petroleras extranjeras operen en Venezuela, permitiendo tanto la firma de contratos de inversión futura como la ejecución de transacciones directas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades estatales, aunque bajo un esquema de supervisión y control financiero sin precedentes.
Las medidas, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), no eliminan el marco de sanciones vigente desde 2019, pero sí facilitan que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo en el país o amplíen de forma sustancial su producción actual. El anuncio se produce en el marco del plan acordado entre Washington y el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para reabrir el mercado petrolero venezolano tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
La Licencia General 50, fechada el 13 de febrero, autoriza todas las transacciones relacionadas con operaciones de petróleo y gas en Venezuela por parte de cinco grandes compañías —Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol— y sus subsidiarias. El documento permite que estas empresas celebren contratos con PDVSA o cualquier entidad estatal venezolana, siempre que dichos contratos estén regidos por leyes estadounidenses y que cualquier disputa se resuelva en tribunales de Estados Unidos.
Además, exige que todos los pagos dirigidos a personas o entidades bloqueadas se depositen exclusivamente en las Foreign Government Deposit Funds, cuentas designadas por el Tesoro estadounidense, incluidas las obligaciones fiscales y regalías petroleras. La licencia prohíbe expresamente transacciones con personas o entidades ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, así como operaciones que involucren embarcaciones sancionadas, pagos en oro, criptomonedas o mecanismos financieros no comerciales. Las empresas autorizadas deberán presentar informes detallados al Departamento de Estado y al Departamento de Energía dentro de los diez días posteriores a la primera operación y luego cada 90 días, incluyendo montos, fechas, volúmenes y cualquier pago realizado al Estado venezolano.
La Licencia General 49 complementa este esquema al permitir la negociación y firma de contratos contingentes para nuevas inversiones en exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas en Venezuela. Estos contratos solo podrán ejecutarse si OFAC otorga posteriormente licencias específicas, pero desde ahora las empresas pueden avanzar en acuerdos en principio, memorandos de entendimiento, ofertas ejecutorias y otros instrumentos preparatorios. La licencia también autoriza la realización de estudios técnicos, ambientales, legales y de seguridad como pasos previos a la inversión. Al igual que la Licencia 50, prohíbe cualquier transacción que involucre a personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, así como a embarcaciones bloqueadas.
Las nuevas licencias llegan apenas tres días después de que el Tesoro emitiera otras dos autorizaciones dirigidas a petroleras con presencia en Estados Unidos interesadas en operar en Venezuela, lo que configura el mayor relajamiento del régimen de sanciones petroleras desde 2019. Para compañías como Repsol y la italiana Eni, que ya operan en el sector gasífero y mantienen producción marginal de crudo mediante empresas mixtas con PDVSA, los permisos abren la posibilidad de escalar hacia una producción petrolera a gran escala. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, afirmó en enero en la Casa Blanca que la empresa está lista para “invertir con fuerza en Venezuela” y triplicar su producción hasta unos 135.000 barriles diarios.
Aunque las licencias flexibilizan operaciones, el Tesoro mantiene un control estricto sobre la jurisdicción contractual, los flujos de pago, los mecanismos de reporte y la exclusión de actores geopolíticamente sensibles. Washington busca así reactivar la producción venezolana sin permitir que actores sancionados se beneficien del levantamiento parcial de restricciones y asegurando que los ingresos estatales permanezcan bajo supervisión directa. Las medidas marcan un nuevo capítulo en la reconfiguración del sector energético venezolano, ahora con participación ampliada de petroleras europeas y estadounidenses y bajo un esquema de control financiero diseñado en Washington.
