Lo que Delcy Rodríguez anunció el jueves como «el aumento más importante en los últimos años» resultó ser, en la práctica, un incremento de apenas 50 dólares al denominado «bono de guerra económica», mientras el salario mínimo permanece exactamente igual: 130 bolívares, equivalente a menos de un dólar al cambio oficial.
La confirmación llegó a través del propio Sistema Patria, que tras el anuncio comenzó a pagar un retroactivo a los trabajadores por el mes de abril —que Rodríguez había incluido en el ajuste— equivalente a 50 dólares. Ese monto corresponde exactamente a la diferencia entre el antiguo bono de guerra de 150 dólares y el nuevo ajuste de 200 dólares.
La estructura del llamado «ingreso mínimo integral» de 240 dólares quedó así: salario mínimo en 130 bolívares equivalentes a 27 centavos de dólar (sin cambios), bono de alimentación o cestaticket en 40 dólares (sin cambios) y bono de guerra económica aumentado de 150 a 200 dólares. Ambos bonos se depositan en bolívares a la tasa oficial del día y no tienen incidencia en prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, horas extras ni bonos nocturnos.
La trampa del «ingreso integral»
El salario mínimo es la base sobre la cual se calculan todos los derechos laborales: prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, horas extras y bonos nocturnos. Al mantenerlo congelado en 130 bolívares, el régimen garantiza que esos derechos sigan siendo virtualmente inexistentes para millones de trabajadores venezolanos, independientemente del monto que figure en el anuncio oficial.
El último aumento real del salario mínimo en Venezuela se produjo en 2022. Desde entonces, el régimen ha sustituido los aumentos salariales con bonificaciones que inflan el número anunciado sin tocar la base de cálculo que protege los derechos laborales.
