La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 21/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección en beneficio del preso político Carlos Marcelino Chancellor Ferrer, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia pues sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
El exalcalde del municipio Sifontes, en el estado Bolívar, de 65 años, está detenido desde el 6 de agosto de 2024 tras el contexto postelectoral en Venezuela y a la fecha permanece sin acceso a atención médica a pesar de contar con diversas patologías crónicas.
La CIDH observó que las circunstancias de detención pueden exponerlo a riesgos a su salud, vida e integridad personal y consideró su condición de adulto mayor, su estado de salud comprometido y su privación de libertad en el contexto actual país para decidir otorgar las medidas cautelares de protección.
Además, la CIDH consideró que el defensor público impuesto por el Estado no estaría suministrando información suficiente sobre Chancellor, lo que impide a sus familiares iniciar las acciones correspondientes para su defensa y protección.
Por ello, la Comisión solició al régimen de Nicolás Maduro «que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Carlos Marcelino Chancellor Ferrer» y que «implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables».
