La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este lunes la persecución política contra de personas percibidas por el régimen de Nicolás Maduro como opositoras y llamaron al Estado venezolano a garantizar que las elecciones del 28 de julio se lleven a cabo de forma libre, competitiva y participativa.
La CIDH reportó que en lo que va de 2024, al menos 50 personas, entre integrantes de campañas de oposición, sindicalistas, activistas y periodistas, fueron detenidas. Diez locales comerciales utilizados para reuniones de campañas opositoras fueron clausurados y comitivas de la oposición fueron retenidas en controles viales. Adicionalmente, dirigentes de oposición denunciaron el cierre de medios de comunicación y la falta de espacios en radio y televisión pública para candidaturas no oficialistas.
La CIDH y la RELE consideran que estos hechos no son actos aislados, sino que «forman parte de un patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política de la oposición y la población en general. Estos ataques a la democracia y estas restricciones arbitrarias a las libertades de expresión, asociación y reunión tienen como finalidad perpetuar al partido de gobierno en el poder».
«El Estado de Venezuela necesita urgentemente adoptar un compromiso con la democracia. Ello exige que se reconstruya la separación e independencia de los poderes públicos, de forma que cese la persecución política, se respete la libertad de expresión y la libertad de prensa, y se garantice la participación política de la oposición en condiciones de igualdad«, reclamó la CIDH.
La Comisión recordó que en el contexto electoral, en particular, el debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación e intercambio de ideas, opiniones e informaciones respecto de las personas candidatas, sus partidos y sus propuestas, principalmente a través de los medios de comunicación, de quienes aspiran a ocupar cargos de elección, y de quienes desean expresarse.
