Amnistía Internacional (AI) denunció que la impunidad por las violaciones de derechos humanos prevaleció en Venezuela tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando se desataron protestas luego del fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro.
«La impunidad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada», señaló AI, en un informe correspondiente al año 2024 y difundido este lunes.
El documento señaló que las protestas tras las presidenciales «se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales».
AI indicó que en 2024 «se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, incluidos centenares de menores de edad» y que, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, «al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental a las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro».
«Dos de las víctimas eran menores de edad. Según informes, también perdió la vida de forma violenta un policía. Todas las muertes, menos una, se produjeron por heridas de bala», apuntó AI y agregó que organizaciones de derechos humanos responsabilizaron de estos hechos a cuerpos de seguridad del Estado y a «grupos armados civiles progubernamentales».
Igualmente, aseguró que había 221 mujeres que seguían arrestadas en diciembre pasado.
Las detenciones masivas, aseguró AI, se llevaron a cabo «sin orden judicial y sin que las personas afectadas hubieran sido sorprendidas cometiendo actos ilegales». La Fiscalía, por su parte, acusa a los arrestados de varios delitos.
Los detenidos, agregó, eran obligados a recibir «asistencia letrada de oficio que carecía de independencia» y sus familiares «pasaban días sin obtener información sobre su paradero, aun cuando se tratara de menores de edad».
También advirtió que las personas detenidas fueron «presuntamente torturadas» y que las condiciones de reclusión «siguieron deteriorándose».
Según el informe, en 2024 los periodistas «seguían corriendo peligro de detención arbitraria y hostigamiento, y el Gobierno persistió en sus intentos de dificultar la labor de los medios de comunicación independientes».
Pobreza
Por otra parte, detalló que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación reportó, en febrero de 2024, que casi el 82 % de la población venezolana vivía en pobreza y el 53 % estaba expuesta «a la pobreza extrema, al carecer de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica», valorada para el cierre de ese año en 498,47 dólares estadounidenses, mientras que el salario mínimo mensual era de solo 2,36, de acuerdo con AI.
La ONU alertó entonces -prosiguió AI- que las mujeres se veían «desproporcionadamente» afectadas por la pobreza alimentaria, ya que a menudo eran las cuidadoras de sus familias y comunidades mientras trabajaban por un salario, algunas «recurrían al intercambio de sexo por alimentos», en tanto que las embarazadas y lactantes «corrían especial peligro de desnutrición»
De igual forma, destacó que, durante el primer semestre de 2024, la ONG Centro de Justicia y Paz documentó 58 feminicidios.
En cuanto a la comunidad LGTBI, alertó que sus derechos «seguían sin atenderse».
Medioambiente
En relación al medioambiente, AI llamó la atención sobre el impacto de la minería ilegal en la vida, salud y supervivencia del pueblo indígena Yanomami, especialmente en el Arco Minero del Orinoco -ubicado en amazónicos Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas-, según alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y apuntó que los derrames de petróleo en la refinería El Palito, en el estado de Carabobo (norte) «tuvieron consecuencias graves para la fauna marina».
Con información de EFE
