Al cumplirse un mes del atentado contra los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez en Bogotá, el Observatorio de Represión Transnacional de Freedom House emitió un comunicado en el que advierte sobre el creciente patrón de violencia extraterritorial ejercido por el régimen de Nicolás Maduro contra disidentes en el exilio.
El ataque, ocurrido el 13 de octubre, fue perpetrado por agresores no identificados que abrieron fuego contra Peche y Velásquez, quienes habían huido de Venezuela en 2024 tras sufrir persecución política. Ambos se encuentran en condición estable luego de ser sometidos a cirugías. La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado, pidió una investigación urgente y exigió que se garantice la protección de los derechos de los venezolanos en territorio colombiano.
Aunque el motivo del ataque aún no ha sido confirmado, Freedom House señala que el caso “presenta las características de un acto de represión transnacional” y podría formar parte de una campaña sistemática del gobierno venezolano para intimidar y dañar a sus críticos en el extranjero
Un patrón de violencia más allá de las fronteras
El Observatorio de Represión Transnacional de Freedom House House recuerda que el régimen de Maduro tiene antecedentes de violencia extraterritorial. En febrero de 2024, autoridades chilenas concluyeron que el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda en Santiago fue orquestado por agentes venezolanos con apoyo del Tren de Aragua.
En diciembre de 2023, el también exmilitar Ángelo Heredia fue secuestrado en la frontera colombo-venezolana y entregado a la contrainteligencia venezolana, donde se presume que permanece detenido.
En marzo de 2024, el activista estudiantil Pablo Parada denunció haber escapado de un intento de secuestro en Bogotá, que atribuyó a operativos del régimen.
Persecución digital, manipulación legal y vigilancia internacional
Freedom House advierte que la represión no se limita a ataques físicos. El régimen también manipula el sistema legal y utiliza mecanismos internacionales como Interpol para perseguir a opositores.
En 2025, la Fiscalía venezolana solicitó una notificación roja contra Leopoldo López, exiliado en España, y en octubre pidió al Tribunal Supremo que le retirara la ciudadanía.
La organización también documenta restricciones a la movilidad de activistas como Velásquez, quien fue impedido de asistir a una conferencia de la ONU en Ginebra en agosto de 2024.
Otro defensor de derechos humanos, radicado en México, relató: “Mi pasaporte fue revocado por segunda vez mientras estaba fuera del país. Posteriormente, recibí información de que funcionarios del SAIME estaban monitoreando mi presencia en México. Sigo recibiendo ataques de voceros del gobierno o bots en redes sociales cuando publico cualquier opinión que se vuelve viral”.
Llamado a los gobiernos anfitriones
Freedom House instó a Colombia y a otros países que acogen a exiliados venezolanos a reforzar sus mecanismos de protección. “Las autoridades deben brindar seguridad proactiva a quienes están en riesgo, facilitar el acceso al asilo y ofrecer documentos de viaje y servicios consulares a quienes han sido despojados arbitrariamente de sus pasaportes”, señala el comunicado.
La organización advierte que el estatus migratorio incierto de muchos activistas puede hacer que se sientan menos seguros al reportar incidentes o ejercer sus derechos, por temor a represalias.
El caso de Peche y Velásquez se suma a una larga lista de agresiones contra voces críticas del chavismo, y pone en evidencia la necesidad urgente de una respuesta internacional coordinada para frenar la represión transnacional y proteger a quienes defienden los derechos humanos desde el exilio.
