El periodista venezolano Miguel Henrique Otero Castillo, presidente Editor del periódico El Nacional, de Venezuela, vive entre un sueño y una pesadilla.
Empeñado en su lucha incesante de ejercer periodismo con libertad, idealiza que llegue el día en que caiga el régimen gobernante y que, a todo lo ancho de su primera plana, el diario publique: “Venezuela regresa a la democracia”.
Enfrentado a la realidad cotidiana de una estructura política empoderada e inamovible, teme que llegue el día en que el gobierno venezolano logre una de sus metas: apagar la libertad de expresión y de prensa en Venezuela.
“Seguiremos resistiendo”, dijo Otero, de 74 años de edad, desde Madrid en una entrevista con El Universal de México, al describir el drama de El Nacional por el permanente acoso de Diosdado Cabello, influyente líder de la revolución bolivariana instalada en 1999.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), fiel al cuestionado presidente venezolano Nicolás Maduro, condenó al medio de comunicación el pasado 16 de abril a indemnizar a Cabello con unos 13,3 millones de dólares por daño moral.
Cabello demandó al rotativo por difamación en abril de 2015 por reproducir una noticia del diario ABC, de España, acerca de que el poderoso político comenzó a ser indagado en Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico.
El fallo del TSJ fue sobre la vía civil, pues la penal sigue abierta. Cabello, diputado y teniente, confirmó que, si El Nacional rechaza indemnizarle, reclamará los bienes de la empresa.
Nacido en 1943, El Nacional suspendió en 2018 su edición impresa por falta de papel y por la aguda crisis política, institucional y socioeconómica de Venezuela.
“Salí de Venezuela y no he vuelto. En el momento en que él introdujo la demanda yo estaba afuera cuando [en mayo de 2015] me dictaron medidas cautelares. Así es la justicia en Venezuela: alguien del gobierno abre un juicio e inmediatamente ponen medidas cautelares”, recordó Otero.
Las medidas, todavía vigentes, son congelamiento de bienes, prohibición de salir del país y reportarse semanalmente a una autoridad.
—¿Cree que el fallo precede a que Venezuela copie al sistema comunista de Cuba y prohíba todo tipo de prensa libre?
—Es el objetivo, pero no el mismo mecanismo de la dictadura cubana. El régimen busca la hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano a largo plazo, y ha ido cerrando las ventanas de libertad de expresión y prensa.
Apagaron la televisión, después la radio, luego los periódicos impresos, quitaron el papel y ahora van contra las páginas digitales. Van comprando medios con dinero público y acosando y atacando a los medios y los terminan cerrando.
Hemos resistido y seguiremos resistiendo. Somos y seguiremos siendo baluartes de resistencia informativa.
Nos pueden quitar el edificio, la rotativa y lo que quieran, pero no nos pueden quitar la web, que la podemos hacer en Australia si nos da la gana. Lo más que pueden bloquearla y no totalmente, sino parcial y puntualmente. No hay manera de que nos apaguen definitivamente.
Nos quitarán todo, menos las ansias de libertad en Venezuela. Seguiremos informando. Estoy seguro de que algún día aquello va a caer y publicaremos un gran titular: “Venezuela regresa a la democracia”.
—¿Pagará la indemnización?
—Pueden ir a cobrar. Les decimos que no tenemos dinero y nos embargan. Pondremos obstáculos legales. Preveo que sea muy rápido o medianamente rápido y nunca que dure años.
Esta decisión es de un Tribunal sin ruta de apelación y está controlado por Cabello. Es su tribunal. Trataremos de desvirtuar un proceso totalmente viciado de irregularidades anticonstitucionales. Es difícil lograr que eso se voltee.
—¿Qué puede hacer la comunidad internacional por el diario?
—Estamos explicándole al mundo la arbitrariedad de los jueces venezolanos, de un tribunal que funciona por instrucciones de un funcionario sin nexo con el sistema judicial y de la no separación de poderes. Pedimos a organismos internacionales, multilaterales, interamericanos que tomen medidas cautelares. Tampoco se evita ejecutar la sentencia. Pueden no ejecutarla si hay fracturas internas en el gobierno y si la Sala Constitucional se da cuenta de la gran cantidad de irregularidades.
—¿Cree que la condena exacerba la crisis venezolana?
—Ellos se han reunido con empresarios privados para que inviertan en Venezuela y que les dan seguridad jurídica. Pero el caso contra El Nacional les tumbó la seguridad jurídica. Si un tribunal dictamina una indemnización de ese monto, sin justificación y porque lo llamó el gobierno para decirle que lo hiciera, otra empresa dice: “Nos puede pasar lo mismo. Nos miraron mal, van al Tribunal y nos meten una indemnización que nos quiebre”. Con lo de El Nacional se les cae la seguridad jurídica y eso tiene mucha repercusión para ellos.
