La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifiestan su preocupación por la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó al diario venezolano El Nacional el pago de alrededor de 13 millones de dólares por concepto de daño moral.
La CIDH y su RELE llaman al Estado a abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidos a silenciar la labor informativa de las personas comunicadoras y a remover todas las restricciones desproporcionadas que impiden que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo.
La CIDH recordó que en 2015 otorgó medidas cautelares en favor de Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, entre otros periodistas de La Patilla y Tal Cual, por considerar que se encontraban en situación de gravedad y urgencia debido a las reiteradas declaraciones estigmatizantes realizadas por altos funcionarios, los actos de seguimiento y vigilancia, la prohibición de salida del país, entre otros actos estatales que, en su conjunto, podrían restringir de manera significativa el derecho a la libertad de expresión.
En los últimos años, la CIDH ha documentado la apertura de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación dirigidos a castigar e inhibir expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre asuntos de interés públicos en Venezuela.
Relatoría considera que la condena contra El Nacional se convierte en una grave advertencia para cualquier persona o medio de comunicación que emita opiniones o informaciones sobre altos funcionarios que puedan ser consideradas ofensivas, lo cual contradice prácticas naturales y necesarias en cualquier democracia. Asimismo, implica un perjuicio económico que podría incluso llegar a afectar la existencia misma del periódico.
«Es deber de los Estados garantizar el máximo grado de pluralismo y diversidad en el debate público. Para ello, las sociedades democráticas necesitan de medios de comunicación independientes y plurales que puedan llevar a la ciudadanía las más diversas informaciones y opiniones», remarcó la CIDH.
Por ello, la CIDH y la Relatoría llamaron al Estado de Venezuela a abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidos a silenciar la labor informativa de los comunicadores, de acuerdo con el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH. En particular, remover todas las restricciones desproporcionadas que impiden que los medios de comunicación puedan cumplir cabalmente su labor. Asimismo, exhorta al Estado a adecuar su ordenamiento jurídico y prácticas internas a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.
«La existencia de los mecanismos descritos y su desproporción configuran un riesgo permanente para la libertad de prensa en Venezuela, pero su activación por parte de una persona con la responsabilidad y el poder de una persona diputada es contrario a estándares interamericanos de derechos humanos; confirma un patrón regresivo a las libertades civiles y debe despertar un enérgico rechazo y preocupación por parte de la comunidad internacional comprometida con los valores democráticos y los derechos humanos», denunció la CIDH.
