París y Lyon se sumaron a los toques de queda parciales vigentes en varias urbes francesas, mientras el Ejecutivo francés atribuye a «grupúsculos de extrema izquierda y de ultraizquierda» una estrategia insurreccional tras los saqueos y disturbios del fin de semana.
Por segunda noche consecutiva, los grandes centros urbanos de Francia tendrán restricciones de movimientos por la noche para blindar sus comercios y proteger a los visitantes y vecinos.
Mientras que en Lyon se circunscribe a la parte del considerado híper centro, el toque de queda de París (también de las 23.00 horas a las 06.00) abarca zonas más amplias de la ciudad, de la que, no obstante, queda excluida el extremo oeste donde se sitúa el Parque de los Príncipes, donde se juega en unas horas un PSG-Barcelona de la Liga de Campeones.
Las principales áreas afectadas en la capital son similares a las de la noche precedente -la plaza de la República y el área del centro comercial de Les Halles, que fueron epicentros de violencia el pasado fin de semana-, pero en esta ocasión no se incluyen restricciones a zonas cercanas a centros de poder, como el Elíseo o la Asamblea Nacional.
En Marsella, Niza y Burdeos, por su parte, se trata de toques de queda en ciertos barrios para los menores de edad no acompañados.
Estas medidas restrictivas buscan atajar los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación y que se ha saldado con al menos 3.000 establecimientos comerciales afectados.
De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia (95 % hombres y 70 % mayores de edad), 149 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.
Estrategia de insurrección
En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, denunció «la planificación» y una «estrategia de insurrección conducida por grupúsculos de extrema izquierda y de ultraizquierda» en los actos vandálicos.
El jefe del Ejecutivo puso como ejemplo el arresto de uno de los presuntos autores del incendio al Ayuntamiento de Limoges como prueba de la organización de esos actos y de la presencia de grupos de ultraizquierda, puesto que estaba fichado por ese motivo.
«No podemos hacer como si el diagnóstico sobre el estado de la amenaza, la radicalidad de la amenaza fuese una alteración clásica del orden público», recalcó, y enfatizó que la Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha posicionado como observadora en el caso y que en la investigación participe la SDAT (Subdirección Antiterrorista), un servicio de la policía judicial especializado en terrorismo.
Lecornu acusó a la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de no querer condenar la violencia de los últimos días y les dijo que «en lugar de elegir el campo de la República han elegido el de la vergüenza».
El primer ministro pidió a la portavoz de LFI, Mathilde Panot, que condenara el incendio del ayuntamiento de Limoges, pero esta le espetó que él nunca condenó los daños sufridos por estudiantes durante las manifestaciones de los liceos que supusieron el detonante de las actuales movilizaciones.
Nuevas ayudas a las empresas
El Gobierno anunció este martes nuevas ayudas dedicadas a los al menos 3.000 comercios vandalizados y saqueados durante el último fin de semana en el país, entre ellas préstamos hasta 50.000 euros sin intereses y un aplazamiento de las deudas tributarias.
Estas medidas se unen a los dispositivos de desempleo parcial para los empleados afectados por el impacto de los disturbios y financiado por el Estado francés.
Tras una reunión extraordinaria entre miembros del Gobierno y representares de empresas, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, detalló que, desde el viernes y «de manera inmediata», las compañías podrán reforzar su tesorería con ese tipo de préstamos sin intereses para las empresas y acordados por el banco público Bpifrance.
Por su parte, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, anunció este martes que prevé habilitar un aplazamiento simplificado de las deudas tributarias.
Además, las compañías afectadas podrán postergar hasta 12 meses las cotizaciones sociales de los próximos tres meses. Asimismo, las pequeñas empresas (menos de 50 empleados) que hayan sufrido daños importantes podrán percibir una ayuda. EFE
