Junior Puerta, un migrante venezolano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), permanece bajo custodia pese a haber firmado hace tres meses una orden de salida voluntaria para regresar a Venezuela. Su esposa, Marlinis Aliendres, denuncia que el vuelo que esperaba tomar nunca se concretó y que la pareja continúa separada después de ocho meses.
«Mi amor, avísale a todos, ya voy a casa», le escribió Puerta a su esposa cuando creyó que finalmente podría regresar con su familia. Sin embargo, el reencuentro no ocurrió y el venezolano sigue detenido.
«Lo único que quiero es volver a mi vida normal, volver a comer bien, volver a dormir bien», expresó Aliendres, quien también lamentó no poder compartir con su esposo las actividades cotidianas ni permitir que su hija esté con su padre.
La detención de Puerta ocurrió en febrero, cuando conducía de regreso a casa y fue interceptado por agentes migratorios durante una parada de tránsito. Según el relato de su esposa, uno de los funcionarios revisó sus documentos y le indicó inicialmente que todo estaba en orden, pero otro agente intervino y le comunicó que sería procesado.
«Y ahí, en ese momento, empezó nuestro infierno», recordó Aliendres.
El arresto se produjo meses antes de que ICE emitiera nuevas directrices para las intervenciones vehiculares. Las normas establecen requisitos de capacitación para los agentes, el uso de vehículos equipados con luces y sirenas y la activación de cámaras corporales. También prohíben las persecuciones cuando un conductor no se detiene.
Las medidas fueron adoptadas después de varias intervenciones vehiculares controvertidas que terminaron en tiroteos, algunos mortales, en medio del debate dentro de la administración de Donald Trump sobre el uso de estos procedimientos para reforzar los arrestos migratorios.
Una orden de salida voluntaria que no se ha concretado
Puerta y Aliendres llegaron legalmente a Estados Unidos en 2020 con visas de turismo. Ambos solicitaron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y, un año después, presentaron solicitudes de asilo con acompañamiento legal.
«Una cosa es ser inmigrante y otra cosa es ser indocumentado y nosotros jamás estuvimos indocumentados en los Estados Unidos», afirmó Aliendres.
La esposa del venezolano contó que ambos se graduaron como ingenieros en Venezuela, pero que inicialmente trabajaron en el área de limpieza antes de acceder a otros empleos. Tras el nacimiento de su hija y superar problemas de salud, Junior creó su propia empresa de construcción con el apoyo de antiguos supervisores.
Según Aliendres, la pareja intentó agotar las vías legales para conseguir la liberación de Puerta. Sin embargo, las autoridades rechazaron su primera solicitud de fianza y también denegaron su petición de asilo.
«Mi esposo me decía: “Hay que hacer todo apegado a la ley. Hay que hacer lo de la fianza. Hay que hacer lo del asilo, hay que hacer todo porque yo no debo nada”», relató.
Ante esas negativas, Puerta decidió firmar una orden de salida voluntaria para regresar a Venezuela. No obstante, su esposa asegura que posteriormente se enteraron de que un recurso de habeas corpus, presentado tiempo atrás, había sido aprobado, una circunstancia que complicó su salida.
Puerta forma parte de los más de 741.870 inmigrantes a quienes jueces de inmigración habían ordenado la expulsión, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de investigación no partidista de la Universidad de Syracuse. El organismo reportó que las salidas voluntarias representaron el 83,5 % de los casos concluidos hasta agosto de 2026.
Aliendres también denunció que, en septiembre, las autoridades informaron a Puerta y a otros detenidos que regresarían a sus hogares. Sin embargo, después de pasar casi una semana trasladados entre distintos centros de detención, fueron llevados nuevamente al mismo recinto.
«Él lo único que pide es que lo monten en ese avión y lo manden a casa», afirmó Aliendres, quien continúa esperando el regreso de su esposo.
