Cinco días después del presunto motín en el Centro Penitenciario Yare III, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, sigue sin dar la cara, que no existe un listado oficial de heridos ni de los presos trasladados, y que algunos familiares solo han recibido llamadas desde el penal solicitándoles antibióticos y medicamentos para atender las heridas de sus seres queridos.
La organización exigió la separación del ministro de su cargo y la intervención del penal por una comisión que incluya a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
«Al mirar atrás y ver la historia de los hechos violentos dentro de las cárceles en Venezuela, observamos cómo en cada masacre la película es la misma. Se repite la narrativa por parte del Gobierno, responsabilizan a los presos por los hechos, se anuncian investigaciones que nunca se concluyen o no se dan a conocer los resultados», afirmó Humberto Prado, director del OVP.
«Simplemente el Gobierno con esta masacre convirtió a Yare III en un centro de exterminio», denunció la organización.
Disparos contra presos
El OVP reconstruyó la cronología de los hechos. Todo comenzó la madrugada del lunes 20 de abril, cuando vecinos y familiares reportaron detonaciones y fuertes ruidos dentro del penal. Entre las 6 y 7 de la mañana, los familiares ya hacían cola para la visita habitual sin recibir información. Al mediodía les anunciaron que la visita estaba suspendida. Las llamadas de los propios presos informando sobre muertos y heridos comenzaron a multiplicarse mientras ambulancias y autobuses oficiales entraban y salían del recinto.
No fue sino hasta el martes 21 de abril que el Ministerio llamó a algunos familiares para reconocer a sus seres queridos e informó que se haría cargo de los gastos funerarios. En horas de la tarde de ese mismo día el régimen publicó su comunicado oficial describiendo el evento como «una riña entre privados de libertad que devino en un motín», calificando a las víctimas como «líderes negativos y miembros de bandas criminales» y confirmando cinco fallecidos, sin explicar cómo murieron.
Según la investigación del OVP, la versión oficial es falsa. «Dos módulos de Yare III estaban protestando en contra de los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos, por la calidad de los alimentos, la falta de atención médica y solicitando traslados a sus penales de origen. Este estallido hizo que los funcionarios ingresaran al penal y simplemente dispararan contra la población reclusa», afirmó Prado.
«Esta es una película que se repite. La narrativa de este gobierno siempre es la misma: hablan de motines, cuando simplemente son ellos quienes han disparado en contra de una población reclusa que reclama sus derechos».
Las torturas documentadas
El OVP también reveló el patrón de torturas documentado en Yare III: presos enviados a celdas de castigo, golpeados con bates y tablas, colgados de los brazos por días, con acceso limitado al agua, la comida y la atención médica.
María Escobar relató que su hijo estuvo un tiempo sin poder caminar, con una cortada en el rostro y golpes en la cabeza. Yusmary Montes, familiar de otro recluso, fue más directa: «Antes era un centro de tortura, ahora es de criminales pero a través del propio gobierno. Antes teníamos miedo de denunciar, pero perdimos el miedo tarde porque ya tenemos muertos, heridos y desaparecidos».
Prado recordó el precedente de la masacre de Vista Hermosa del 10 de noviembre de 2003 en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, presentada inicialmente como un enfrentamiento interno, cuando según testimonios de los propios reclusos fueron funcionarios de la Guardia Nacional quienes ingresaron y dispararon a mansalva, dejando 7 muertos y 15 heridos, luego de una huelga de hambre para reclamar derechos.
La organización exigió que el director del penal sea separado de su cargo e investigado, y que el centro sea intervenido por una comisión integrada por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Servicio Penitenciario y la OACNUDH con sede en Caracas. «No existe un listado oficial de heridos ni de los presos trasladados ni a qué penales fueron llevados. Esta situación vulnera los derechos de los familiares. Además, estos traslados deben ser ordenados por los jueces que llevan las causas y estoy seguro de que esto no sucedió», señaló Prado.
