La justicia del régimen venezolano otorgó este lunes la libertad condicional a Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), detenido en octubre de 2024 y en arresto domiciliario desde agosto del año pasado.
Además, fue liberado con restricciones el ex director general de seguridad ciudadana de Maracaibo David Barroso, también detenido en octubre de 2024 y en prisión domiciliaria desde agosto pasado.
Ambos tendrán que presentarse cada 30 días ante el tribunal y tienen prohibido salir del país, según el equipo de Ramírez, que dice desconocer aún los detalles de la sentencia.
«Después de 567 días, hemos vuelto del lado oscuro, un lado complicado, difícil», dijo Ramírez a la prensa en las afueras del Palacio de Justicia de Maracaibo, desde donde agradeció a Dios, a su familia y a todos los que lo han apoyado.
Sin embargo, aseguró que no hay «nada que celebrar» debido a que aún hay «muchos presos políticos» en el país, por cuya libertad pidió seguir luchando.
«Tenemos que seguir creyendo en que esta Venezuela va a cambiar, en que esta Venezuela está próxima a que se logren los objetivos que tienen que ver con el cambio político que necesita este país», expresó.
A su juicio, la nación «necesita reconciliarse» y para eso ve imprescindible «un proceso de elecciones libres que permitan que todos» puedan votar «por quienes son los verdaderos representantes del pueblo».
Tras un año y medio detenidos y tres días de audiencias de juicio, agregó: «Salimos íntegros, salimos decididos, salimos alegres, salimos convencidos de que el cambio está llegando».
Ramírez y Barroso fueron detenidos cuando Venezuela atravesaba una crisis política desatada tras las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, fue proclamado ganador por el organismo electoral, afín al chavismo, con base en unos resultados que no nunca se publicaron.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) chavista había acusado a Ramírez de «graves hechos irregulares» relacionados con corrupción.
El jerarca chavista, Diosdado Cabello, dijo entonces que la Alcaldía de Maracaibo entregaba a «partidos políticos de la extrema derecha» -como el oficialismo suele referirse a la oposición mayoritaria- recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos y del cobro del servicio de aseo urbano.
El régimen informó este lunes de que la Justicia chavista otorgó la semana pasada «medidas alternativas» a la privación de libertad para 51 personas detenidas, en medio de denuncias por la ralentización del proceso de amnistía y a solicitud del Programa para la Convivencia y la Paz, creado por la encargada chavista, Delcy Rodríguez.
Según un comunicado oficial, las medidas fueron solicitadas para personas «procesadas o condenadas» por delitos relacionados con «atentados contra la institucionalidad democrática», sin especificar las identidades de los supuestos beneficiados ni cuáles fueron esas medidas.
La amnistía aprobada en febrero por el Parlamento chavista excluye casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. EFE
