El Tribunal Contencioso Electoral ratificó la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político del expresidente de Ecuador Rafael Correa, impuesta por la existencia de una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con dinero, aparentemente, procedente de Venezuela.
La RC había pedido el pasado miércoles a un juez electoral que revocara la suspensión al asegurar que el fiscal general no hizo ese pedido como se señaló inicialmente.
«¡Sinvergüenzas! No existe ley para lo que están haciendo, además que atenta contra todo principio democrático y hasta contra el sentido común», escribió Correa (2007-2017) en un mensaje en X al comentar la decisión que anota que al no haberse modificado las condiciones que dieron pie a la suspensión «corresponde mantener su vigencia» en los términos establecidos el pasado 6 de marzo.
Ese día, el juez del TCE Joaquín Viteri admitió a trámite una denuncia supuestamente interpuesta por el fiscal general, Carlos Alarcón, en la que pedía la suspensión provisional señalando que el movimiento estaba siendo investigado por el caso relacionado con un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, conocido como ‘Caja Chica’.
Sin embargo, el abogado de la RC, Gabriel Rivera, aseguró el pasado miércoles que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un informe que «excluye de cualquier responsabilidad de manejo ilícito de recursos al movimiento Revolución Ciudadana», por lo que se pidió a Alarcón que deje sin efecto el oficio que envió al TCE solicitando la suspensión.
La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, avanzó que interpondrán una queja ante la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral para solicitar que se conozca la situación de RC en el pleno del organismo, ya que sienten «absoluta indefensión».
La suspensión de nueve meses ya ponía en duda la participación de la RC como movimiento político en los comicios locales previstos inicialmente para el 14 de febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió hace dos semanas adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre para evitar posibles problemas por un eventual Fenómeno del Niño, lo que dejó sin margen a los correístas para ser candidatos por su agrupación política.
Entonces Correa llamó a sus potenciales candidatos a autoridades locales a que se desafilien de la RC para que no les impidan participar en las elecciones y ayer, viernes, la RC informó que inició un proceso nacional de reestructuración con base en la normativa interna y el fortalecimiento territorial.
En el caso ‘Caja Chica’ la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la RC ya que presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023», lo que el correísmo ha catalogado como una «persecución». EFE
