La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil empezará a partir del martes a juzgar a ocho de los acusados por tramar un golpe de Estado, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, antiguos ministros y generales del Ejército.
El tribunal ha reservado cinco días, tres de ellos con sesiones dobles, para dirimir las responsabilidades de los reos.
Bolsonaro responderá por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.
Estos son los ocho acusados considerados el núcleo de la trama golpista:
1. Jair Bolsonaro:
Capitán de la reserva del Ejército y referente de la extrema derecha. Está en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por el incumplimiento de una serie de medidas cautelares.
Presidió el país entre 2019 y 2022, periodo durante el cual emprendió una dura campaña de desprestigio contra las instituciones democráticas, sembrando dudas sobre las elecciones.
La Fiscalía lo sitúa como el «líder» y «principal articulador» del complot golpista. Según sus indagaciones, Bolsonaro editó borradores de decretos golpistas, presionó a la cúpula militar y hasta avaló un plan para asesinar a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y a otras autoridades.
Bolsonaro reconoció públicamente que estudió medidas excepcionales, como estado de sitio o de defensa, tras perder las elecciones de 2022, pero niega que su intención fuera dar un golpe.
En otra pieza separada, está siendo investigado por intentar obstruir el juicio al incentivar al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a imponer sancionar a los jueces del Supremo y al país.
2. Mauro Cid:
Teniente coronel y antiguo edecán de Bolsonaro. Su testimonio sirvió de base para la investigación.
Las defensas de otros acusados pidieron sin éxito la anulación del acuerdo de colaboración de Cid porque consideran que el antiguo ayudante del exgobernante omitió informaciones y se contradijo en sus declaraciones.
3. Almir Garnier:
Almirante y excomandante de la Marina. Según la investigación, apoyó presuntamente el plan golpista de Bolsonaro para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Lula se impuso a Bolsonaro.
La Fiscalía señala que hasta en dos ocasiones se puso a disposición del líder ultraderechista para acatar sus órdenes.
4. Walter Braga Netto:
En prisión preventiva desde diciembre de 2024, Braga Netto es general de la reserva del Ejército y fue ministro de la Presidencia y de Defensa con Bolsonaro. En las elecciones de 2022, fue su candidato a vicepresidente.
Para la Fiscalía, la mano derecha del entonces presidente participó en reuniones para la ejecución y financiación del plan para asesinar a Lula.
5. Paulo Sérgio Nogueira:
También general retirado del Ejército, actuó como ministro de Defensa con Bolsonaro. La acusación defiende que apoyó la idea de intervenir la Justicia Electoral y que sirvió de puente entre Bolsonaro y la cúpula militar.
6. Anderson Torres:
Fue ministro de Justicia hasta diciembre de 2022 y al mes siguiente asumió la Secretaría de Seguridad de Brasilia, poco antes del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en el último intento por derrocar a Lula.
La Policía encontró en su casa un borrador de decreto presidencial que planteaba una «intervención militar» sobre la Justicia Electoral.
7. Augusto Heleno:
General de la reserva del Ejército. Fue ministro de la Seguridad Institucional en el Gobierno de Bolsonaro. La Fiscalía lo acusa de elaborar un plan para incumplir órdenes judiciales y propagar sospechas infundadas sobre los comicios.
Los investigadores sostienen que, de haber triunfado el golpe, él habría sido el «jefe del gabinete de crisis» instaurado para conducir el país.
8. Alexandre Ramagem:
Fue comisario de la Policía Federal y actualmente es diputado. Dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro.
En 2024, se postuló para alcalde de Río de Janeiro, pero fue derrotado en primera vuelta tras quedar en segundo lugar, por detrás del actual regidor, Eduardo Paes, aliado de Lula.
Según la Fiscalía, tuvo un «papel importante» a la hora de crear un estado de opinión que pusiera en duda la legitimidad de las elecciones, además de construir un servicio secreto paralelo para monitorear a adversarios políticos.
En su caso, parte de las acusaciones están suspendidas por su condición de aforado como diputado y se retomarán cuando termine su mandato.
Además de estos ocho, hay otra veintena de involucrados en el complot golpista, los cuales serán juzgados en los meses siguientes. EFE
