El Ministerio de Interior ha concedido el derecho de asilo a Luis Armando Pérez, hermano del policía rebelde que enfrentó durante seis meses a Nicolás Maduro. De esta forma, el gobierno español rectifica la denegación previa de su estatus como refugiado y evita su regreso a Venezuela, «que sería mi muerte», como explicó a EL MUNDO a finales del año pasado.
«Me llamaron del Ministerio, de la Subsecretaría de Interior, para pedirme disculpas varias veces y comunicarme que me enviarían de inmediato la resolución. Acaba de llegar», confirmó este martes el hermano de Óscar Pérez a este periódico. Este famoso piloto de helicópteros, convertido hoy en un símbolo de la resistencia contra el régimen bolivariano, fue ejecutado de forma extrasumarial a principios de 2018, tras la toma de la vivienda donde se escondía a las afueras de la capital.
Tanto Pérez como sus seis compañeros, incluida una enfermera, no dispararon un solo tiro y se rindieron a los agentes revolucionarios, casi mil efectivos entre militares, policías de las FAES (Fuerzas Especiales de la Policía, definidas por Naciones Unidas como los «batallones de exterminio» del chavismo) y colectivos paramilitares. Su rendición no les salvó la vida: fueron asediados, ametrallados, bombardeados y ejecutados. Todos ellos presentaban tiros de gracia en la cara y en la nuca, según demostraron las autopsias y las imágenes publicadas en exclusiva por EL MUNDO.
La resolución en poder del hermano mayor de los Pérez también incluye el derecho de asilo para sus hijos y su mujer por extensión familiar. «Me complace saber que existe en este hermoso país la independencia de poderes, cuestión que nosotros perdimos hace muchos años», subrayó Luis Armando, quien agradeció a la Subsecretaría de Interior la resolución positiva de su recurso administrativo. El refugiado venezolano contó con la colaboración jurídica de la Cruz Roja.
La denegación previa del asilo a Luis Armando Pérez, de 42 años, fue recibida con sorpresa y rechazo por la opinión pública, dada la relevancia de los sucesos que acompañaron a la ejecución del grupo de Óscar Pérez. Desde el gobierno de Castilla y León incluso se exigió la rectificación a través de una carta enviada al Ministerio.
