El Gobierno de Javier Milei aportará «datos» que le requirió la Fiscalía que investiga al expresidente Alberto Fernández, imputado en la causa por presunta violencia de género contra su ex primera dama, Fabiola Yáñez, según informaron este lunes fuentes oficiales.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 7 requirió al Gobierno nacional, mediante dos oficios, «diferentes datos, los cuales efectivamente van a ser aportados».
«Ya se remitió a las áreas correspondientes para recolectar la información y cumplir con lo requerido por la Justicia», indicó Adorni.
La Fiscalía, a cargo de Ramiro González, solicitó al Gobierno nacional la nómina del personal doméstico de la residencia presidencial en Olivos, en provincia de Buenos Aires; los registros de los videos de las cámaras de seguridad de la residencia; y el registro de ingresos y constancias de atención médica, según detallan medios locales.
El fiscal también habría solicitado los datos del personal que acompañó a Yáñez durante un viaje a la provincia de Misiones (noreste) en julio de 2021.
González imputó a Fernández por el delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja.
En su dictamen, el fiscal afirmó que Yáñez «sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar» asentado «sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente», en 2019, y «el ejercicio del cargo», hasta diciembre pasado.
La denuncia de Yáñez se registró después de que la Justicia argentina encontrara conversaciones e imágenes de la ex primera dama presuntamente golpeada en el teléfono móvil de la secretaria del expresidente, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias a Fernández por la contratación de seguros.
