La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este martes una resolución en la que ordena a Nicaragua la liberación de 25 personas consideradas como «presos políticos» e informar del paradero de otras 2 personas que se encuentran desaparecidas tras haber sido detenidas.
En una resolución de medidas provisionales, la CorteIDH requirió a Nicaragua que «proceda a la liberación inmediata» de 25 personas consideradas presas políticas «por su participación en actividades percibidas como actos de oposición al actual gobierno de Nicaragua, o se trata de personas con un rol de liderazgo en las comunidades religiosas a las que pertenecen».
«A la luz de lo indicado, la Corte constata que las condiciones de detención en que se encuentran los propuestos beneficiarios son de extrema gravedad y que se requiere la adopción de medidas urgentes para evitar que se consumen daños irreparables a sus derechos», indica la resolución.
Los beneficiarios de las medidas de la CorteIDH son:
- Kevin Emilio Castillo Prado
- Víctor Jobelni Ticay Ruiz
- Sergio Catarino Castiblanco Hernández
- Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera
- Jonathan Euliecer Cruz Wuaguiz
- Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón
- Anielka Lucía García Zapata
- Melba Damaris Hernández
- Freddy Antonio Quezada
- Abdul Montoya Vivas
- Eddy Antonio Castillo Muñoz
- Nelly Griselda López García
- Juan Carlos Baquedano
- Carlos Alberto Bojorge Martínez
- Walner Omier Blandón Ochoa
- José Luis Orozco Urrutia
- Álvaro Daniel Escobar Caldera
- Juan Carlos Chavarría Zapata
- Marcos Sergio Hernández Jirón
- Juan Luis Moncada
- Orvin Alexis Moncada Castellano
- Harry Lening Ríos Bravo
- Manuel De Jesús Ríos Flores
- Cesar Facundo Burgalín Miranda
- Marisela de Fátima Mejía Ruiz
En esta lista figuran periodistas, docentes, artistas, empresarios, activistas, exmilitares, exmilitantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, estudiantes, misioneros y pastores evangélicos.
La CorteIDH también requirió al Estado de Nicaragua que «adopte las medidas necesarias y adecuadas para determinar e informar el paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge Martínez, quienes se encontrarían desaparecidos«.
El tribunal internacional ordenó a Nicaragua que proteja el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, a la salud y a la alimentación adecuada para las personas beneficiarias de las medidas provisionales, así como que les garantice el acceso de los abogados de confianza y que se abstenga de enjuiciar y ejercer represalias en contra de sus familiares y representantes.
En noviembre del 2022 la CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato, luego de que el Gobierno de Daniel Ortega no respondiera a una serie de resoluciones en las que el tribunal exigía la liberación de presos políticos y la protección de activistas, disidentes y defensores de derechos humanos que han sido detenidos a partir del 2018 cuando comenzaron una serie de protestas contra el Gobierno.
En los últimos años Nicaragua no ha respondido a resoluciones y órdenes de la CorteIDH y se ha ausentado de audiencias a las que le ha convocado el tribunal, la última de ellas el pasado 3 de julio cuando los jueces conocieron un caso de feminicidio que no fue investigado adecuadamente por las autoridades nicaragüenses.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE
