El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, inauguró la oficina de su equipo que funcionará en Caracas, para brindar asistencia técnica al sistema judicial venezolano.
Durante su cuarta visita a Venezuela, Khan finalmente inauguró la noche del lunes 22 de abril la oficina que había sido acordada en el memorando de entendimiento suscrito con el régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina serán apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la Fiscalía de la CPI.
La sede de la oficina está ubicada en la Torre Parque Ávila, en la avenida Francisco de Miranda, urbanización Los Palos Grandes del municipio Chacao, mismo lugar donde funcionan otras entidades de Naciones Unidas (ONU).
Avanza la investigación
Antes de la inauguración de la oficina en Caracas, el fiscal Khan dijo que hay una «oportunidad única» para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear -señaló- un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a Venezuela.
«Estamos frente a una oportunidad única para seguir avanzando en las investigaciones de manera independiente, para realmente crear ese vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que vamos a prestar en pro de la justicia», señaló Khan durante un encuentro en la cuestionada Asamblea Nacional chavista, en el que participaron también los representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo venezolana.
El fiscal Khan sostuvo que su trabajo «no es ser popular, es simplemente aplicar la ley» y remarcó que «ha quedado claro que tengo jurisdicción para continuar la investigación”.
El régimen de Nicolás Maduro es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad. La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los crímenes cometidos durante las protestas de 2017.
Sin embargo, en noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el régimen venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.
La CPI consideró que debe continuar la investigación, por lo que rechazó una apelación del régimen venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
En marzo pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autoriza a la CPI a continuar la investigación.
