Personas LGTBI recluidas en centros penitenciarios de Venezuela son víctimas de violencia física y psicológica, según un informe de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicado este miércoles, en el que denuncia la «escasa información» oficial sobre la situación de este colectivo en las cárceles.
En el documento, la ONG aseguró que la población LGTBI «suele ser víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios y de la misma población reclusa», y es «objeto de humillaciones y estigmatizaciones por su orientación sexual, identidad y expresión de género».
«La grave situación (…) que enfrenta este grupo de personas privadas de su libertad es muestra del abandono por parte del Estado, con la ausencia de políticas públicas que tengan enfoques y perspectivas específicas en lo que esta población requiere», según el informe.
El OVP advirtió de que, ante esta situación, «muchas de estas personas ocultan su orientación sexual e identidad de género».
A juicio de la organización, resulta «evidente la urgente necesidad de garantizar el respeto por los derechos humanos de las personas» LGTBI en las prisiones, donde -sostuvo- enfrentan una «multiplicidad de vulneraciones, englobadas en actos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos».
Por tanto, la ONG pidió al Estado políticas y programas que promuevan la igualdad de trato y oportunidades, así como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, y trabajar en la «sensibilización y capacitación del personal penitenciario, para fomentar una cultura de respeto y de no discriminación».
«Solo a través de la priorización de los derechos humanos de todas las personas, indistintamente de su orientación sexual o identidad de género, se podrá lograr un sistema carcelario inclusivo y justo en Venezuela», aseguró.
En enero, autoridades del Ministerio de Servicio Penitenciario y del de Interior y Justicia evaluaron, durante una reunión, líneas estratégicas para fortalecer el sistema carcelario y garantizar la atención integral a los reclusos, enfocadas en «el respeto de los derechos humanos y el bienestar de los privados de libertad», según informó entonces el Gobierno. EFE
