El asesinato ayer en Quito del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha puesto en evidencia «la grave crisis de violencia en el país», que no se está solucionando con «los continuos estados de excepción», dijo hoy la organización Human Rights Watch (HRW).
En un comunicado, la organización recordó que el país andino «necesita políticas de seguridad urgentes y respetuosas con los derechos humanos» para poner freno a unas cifras de homicidios que se han casi duplicado entre 2021 y 2022 y están, con los 25 homicidios/100.000 habitantes, muy por encima de la media mundial (6/100.000).
HRW afirma que las dos grandes pandillas que operan en el país trabajan en alianza con narcotraficantes de México, Colombia y hasta Albania y no dudan en recurrir a decapitaciones y desmembramientos de sus rivales, además de matar a fiscales, jueces y periodistas.
La organización cita una reciente encuesta que mostró que dos de cada tres ecuatorianos no se sienten seguros al caminar solos por la noche, porcentaje superior a cualquier país latinoamericano, y alude también a que la extorsión -practicada sobre pequeños negocios, transportistas o trabajadores de la salud- se ha duplicado en 2023, a juzgar por los casos denunciados.
La respuesta del gobierno de Guillermo Lasso ha sido declarar estados de excepción en algunas ciudades -con la consiguiente suspensión de derechos constitucionales-, y ahora en todo el territorio nacional, pero esto «no ha hecho que los ecuatorianos estén más seguros», dice HRW.
«El gobierno necesita poner en marcha una política de seguridad eficaz y legítima que proteja a sus ciudadanos y que busque desmantelar a los grupos de delincuencia organizada», concluye la organización.
EFE
