La organización no gubernamental Espacio Público denunció que durante el primer semestre de 2023 en Venezuela se mantuvo el patrón restrictivo y sistemático de opacidad por parte de las instituciones públicas del Estado.
En su informe sobre la situación general del derecho al acceso a la información pública, la ONG explicó que esta falta de ejecución de políticas de transparencia, acceso a la información y principios de gobierno abierto dificultan el ejercicio de los derechos para la sociedad venezolana.
Tal como se registró en años anteriores, la organización realizó solicitudes de información sobre la gestión pública en la zona central y otras regiones del país. En los primeros seis meses de 2023 entregaron 21 solicitudes de información y en apoyo con diferentes comunidades se entregaron 10 peticiones. De esta totalidad, 27 realizadas por Espacio Público y comunidades fueron recibidas, mientras que 4 fueron rechazadas sin otorgar justificaciones legales ni proporcionales.
Estas solicitudes tienen una serie de preguntas que están relacionadas a la competencia del Ministerio de Defensa, Fospuca, Consejo Nacional Electoral y Gobernación de Miranda.
- Ministerio de la Defensa: las preguntas fueron orientadas a una resolución que suscribió en conjunto el Ministerio de Justicia y Paz con el Ministerio de Defensa para regular el funcionamiento “de los puntos de control de los órganos de seguridad ciudadana” La solicitud se dirigió a ambos organismos, el Ministerio de Defensa se negó a recibir la petición bajo el argumento de que no es competente de esa resolución, sino el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a pesar de que esta normativa la suscribieron los dos entes.
- Fospuca: La solicitud dirigida al ente de Fomento de Servicios Públicos Compañía Anónima (Fospuca) se realizó para conocer sobre la contratación pública que tiene con el municipio de Chacao, de la ciudad de Caracas. Esta no fue recibida y oralmente argumentaron que el ente no es el responsable de dar información y agregaron que tampoco pueden dar cuenta de los procesos, criterios ni mecanismos de la concesión, en la cual participaron. Asimismo, señalaron que no pueden dar datos sobre el establecimiento de las tarifas del servicio.
- Consejo Nacional Electoral (CNE): Se dirigió una solicitud al CNE por ser el órgano responsable de los procesos electorales en Venezuela. Negaron oralmente la solicitud bajo el argumento de que las firmas deben contener los números de cédula de identidad de los peticionarios y no los datos de registro de los abogados, requisito no contemplado en la ley.
- Gobernación del estado Miranda: Con relación a la página web oficial se presenta un obstáculo en el ejercicio del derecho en el espacio digital. En la plataforma no se indica la ubicación de las sedes en distintas partes del estado ni sus competencias respectivas. En ese sentido, el ente debería publicar la ubicación exacta de las sedes y actualizar la ubicación en caso de cambios con sus respectivas competencias para que los ciudadanos estén informados y puedan dirigirse hacia sus oficinas. La solicitud se intentó entregar en la sede de Los Dos Caminos, al este de Caracas. El ente se negó a recibirla porque no había claridad si la solicitud se debía entregar en la sede de Los Dos Caminos o en Los Teques. A pesar de esto, aún cuando la primera no sea la sede competente, bajo principios de transparencia y simplificación de los trámites administrativos, lo adecuado era recibir la solicitud y remitir a la oficina competente de la Gobernación.
