El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula patronal de Nicaragua, fue disuelta este lunes por ley tras 32 años de existencia, en uno de los golpes más duros contra las cámaras empresariales que ha propinado el Gobierno de Daniel Ortega.
La disolución de la Asociación Cosep, creada el 26 de diciembre de 1991, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Junto al Cosep fueron disueltas otras 18 cámaras empresariales que pertenecen a esa cúpula patronal, entre ellas la Asociación Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), creada el 10 de octubre de 1995 y a la que pertenecen las empresas que extraen y venden oro, el principal producto de exportación.
Entre los 222 presos políticos que las autoridades nicaragüenses expulsaron el pasado 9 de febrero a Estados Unidos y despojaron de su nacionalidad, se encuentran Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes presidían esa cúpula patronal cuando fueron arrestados por delitos considerados traición a la patria.
También el empresario José Adán Aguerri Chamorro, quien dirigió el Cosep por 13 años, en los que promovió una alianza de consenso con el Gobierno de Ortega y con los sindicatos sandinistas.
El Ministerio de Gobernación también disolvió la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), la Cámara Nicaragüense de la Construcción, y la Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic).
También la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores Agroquímicos (Anifoda), Cámara de Microfinanzas (Asomif), Cámara de Energía de Nicaragua, Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua.
Además la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen), Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa), y Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Importados (Andiva).
Asimismo, la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa), Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), y la Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana (Capropalma).
Según el régimen, esas cámaras que estaban inscritas como organizaciones no gubernamentales (ONG), no completaron el proceso de convalidación de registro o presentaron inconsistencias en la información.
Entre otros, mencionaron variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes en cuentas, y que no reportaron detalle de ingresos y gastos.
«Con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos», indicó la cartera de Gobernación.
«Así mismo no han reportado estados financieros período fiscal 2022», agregó.
EFE
