El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino la Federación Campesina Bolivariana (FCB) y designó una junta directiva ad hoc, a la que le ha dado plenos poderes para administrar sus fondos, sancionar a sus integrantes y organizar y convocar las próximas elecciones para escoger a sus autoridades.
La decisión, redactada por el magistrado Luis Damiani Bustillos, la adoptó la Sala Constitucional, en su sentencia n.º 129 del pasado 3 de junio, en la cual decidió avocarse a conocer una demanda que Duglas Custodio Vargas Querales, Emilio Antonio Corea Díaz, Odulio Alberto Peraza Torrealba, Durga Yhosebe Ochoa Juárez y Emma Ramona Ortega, miembros de la Federación, interpusieron contra quienes venían ejerciendo esos cargos.
Los accionantes originalmente solicitaron la intervención de la Sala de Casación Social, por ser esta la competente para conocer asuntos relacionados con la materia agraria. Sin embargo, la instancia declinó el asunto en la intérprete de la carta magna, la Sala Constitucional, por considerar que el asunto afectaba «el conglomerado de campesinas y campesinos a nivel nacional, involucrando expedientes en materia civil, penal y agraria, así como actuaciones en Registros y Notarías, lo cual perjudica la imagen del Poder Judicial, y otras oficinas del Estado» y, por lo tanto, excedía sus facultades.
La Sala Constitucional constató supuestas irregularidades en el funcionamiento de la organización, por lo decidió designar una junta directiva ad hoc conformada por Emma Ramona Ortega, como presidenta, y Duglas Custodio Vargas; Jesús Antonio Linarez Rattia; Durga Yhosebe Ochoa Juárez; Emilio Antonio Correa Díaz; Armando Corro Belisario; Isaac de Jesús Hernández Chacín; Johanzi Joel Cabello Camero y Odulio Alberto Peraza Torrealba como directores, acogiendo los nombres presentados por los peticionarios, quienes se autopostularon como directivos.
La ONG Acceso a la Justicia recordó que desde que el chavismo llegó al poder la Federación Campesina ha sido intervenida en varias ocasiones, una de ellas en el año 2000 por la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el fallecido Hugo Chávez.
«Esto abrió las puertas para que la organización pasara a ser cooptada por el oficialismo y comenzara a servir como instrumento de apoyo a la política de expropiación de tierras iniciada en el año 2006, lo que no se ha traducido en mejora alguna para la institución ni para sus afiliados», afirmó la ONG.
Acceso a la Justicia calificó la decisión de la Sala Constitucional como «otro golpe al ya maltratado derecho a la asociación, el cual en los últimos años ha sido obstruido sistemáticamente por el TSJ, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras instancias del Estado».
