Los sectores sociales agrupados en el Foro Cívico rechazaron este sábado el reciente nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), puesto que consideran continúa la política de subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, así como su ocupación ideológica.
La agrupación de organizaciones explicó que la nueva medida desperdicia la oportunidad de la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia basado en la garantía de la independencia judicial. Afectando las posibilidades de que los venezolanos transitemos un camino que nos convoque a todos en un proyecto común y plural para el futuro.
A continuación el comunicado:
Los sectores sociales agrupados en el Foro Cívico rechazamos el reciente nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pues continúa la política de subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, así como su ocupación ideológica. Esta decisión desconoce la necesidad impostergable de construir, en el marco de la Constitución, con participación de todos, la institucionalidad judicial del país, atendiendo a las cualificaciones profesionales, la honorabilidad y la imparcialidad de los aspirantes a jueces o magistrados, todo en aras de la independencia judicial, el respeto del debido proceso y las garantías a todos los ciudadanos de su derecho a la justicia.
La mala señal que los factores de poder envían al desperdiciar la oportunidad de la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia basado en la garantía de la independencia judicial, es leída con atención por el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional y afecta las posibilidades de que los venezolanos transitemos un camino que nos convoque a todos en un proyecto común y plural para el futuro.
Como manda la Constitución, no fuimos espectadores pasivos y apoyamos a venezolanos honorables y calificados
En el Foro Cívico decidimos, ante la reforma del Poder Judicial, no ser espectadores pasivos ante el proceso de elección de nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reiterando nuestro objetivo de luchar cívicamente en la arena de las realidades presentes de Venezuela, a fin de lograr la democratización indispensable, incluso de manera gradual, si no es posible alcanzarla a plenitud en el contexto político actual.
Ante el proceso desempeñamos un rol como sociedad organizada y bajo protesta denunciamos las irregularidades del proceso y respaldamos aspiraciones legítimas de juristas calificados no por solicitud de cuotas, sino por el convencimiento que nos guía que todos debemos aportar en la construcción de un mejor país.
Activamente formulamos planteamientos respecto del baremo que debía aplicarse, presentamos impugnaciones ante candidaturas que no llenaban los requisitos constitucionales, incluyendo las de quienes de manera ilegal optaron por la reelección contraviniendo el texto constitucional que establece un único período.
El resultado en esta oportunidad no ha sido favorable, sin embargo, ratificamos nuestro compromiso con el ejercicio del derecho a la participación y seguiremos insistiendo y persistiendo hasta lograr instituciones que puedan dar respuesta y soluciones a los venezolanos.
Apoyamos la postulación de juristas que quisieron poner su nombre al servicio del país, reuniendo los requisitos constitucionales y con la honorabilidad y trayectoria que debe exhibir quien pretenda ostentar tan alta magistratura, acompañando y apoyando además la decisión de estos venezolanos que, en un contexto tan adverso, quisieron dar una contribución para la recuperación institucional del país: Andreina Eliana Ibarra de Carlo, Arturo Rafael López Masso, Clotilde Josefina Condado Rodríguez, Elías Rubén Bittar Escalona, Eloína Teresa Pérez Di Giácomo, Helly Gamboa Olivares, Luis Emilio Rondón González, Nayibe Eloína Chacón González, Nelson Rafael Riedi, Rafael J.Chavero Gazdik, Renée Moros Tróccoli.
Objetamos las designaciones del TSJ y advertimos sobre las graves consecuencias
Ante el resultado, debemos fijar posición por las designaciones efectuadas, guiados por nuestra convicción de que es preciso denunciar y encarar las arbitrariedades del poder, mientras afirmamos enfáticamente nuestro compromiso con el diálogo y la negociación como vías para el acuerdo político y la reforma institucional que éste supone. Habiendo hecho todo lo posible para que el resultado fuera diferente:
Cuestionamos el nombramiento de este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, del Director Ejecutivo de la Magistratura y de la Inspectora General de Tribunales porque no responden a la idoneidad e independencia judicial; no dan garantías de que serán introducidas las reformas que el sistema de justicia necesita en forma urgente para servir a las necesidades de la población, especialmente de las víctimas, y para la recuperación económica y del emprendimiento; son incongruentes con los compromisos expresados por el gobierno y la Asamblea Nacional 2020 de buscar acuerdos para resolver la actual crisis política y de la administración de justicia e implica desconocer la necesidad impostergable de construir, con la participación de todos, la institucionalidad judicial del país.
Exhortamos a los nuevos magistrados a asumir su responsabilidad
Los nuevos magistrados, sea cuales sean sus preferencias o lealtades políticas, tienen una responsabilidad única en este momento de crisis. Tienen deberes y un modo de conducta establecidos por la Constitución.
Lograr la reestructuración integral del sistema de justicia y del resto de las instituciones venezolanas exige procesos transparentes y de un amplio diálogo de la totalidad de los actores institucionales, políticos y sociales. No es un asunto sectorial o político: es un tema de Nación y de derechos ciudadanos que no pueden ser irrespetados, ya que el fin es lograr el funcionamiento de una estructura judicial despolitizada y construida sobre los valores constitucionales.
La ciudadanía seguirá demandando enérgicamente concertación y negociación para la vigencia del Estado de Derecho y el ejercicio de la justicia para todos
Quienes formamos parte del Foro Cívico, miembros de iglesias y comunidades de fe, universidades, academias, sector empresarial, gremios, sindicatos y organizaciones sociales, entre otros, exhortamos a la totalidad de los actores, en los más enérgicos términos, a rechazar la persistencia del conflicto, convocándolos a apoyar la decisión de la ciudadanía de seguir avanzando en la reconstrucción concertada de las instituciones nacionales, que es la única vía con la que contamos los venezolanos para superar, en última instancia, el grave conflicto político, económico y social que padece el país e invitamos al pueblo de Venezuela a reafirmar decididamente su compromiso con la demanda de acuerdos para la edificación de una institucionalidad democrática que nos conduzca al progreso y al bienestar de todos, sin discriminación alguna, con plena vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos.
Caracas, 30 de abril de 2022
