Human Rights Watch (HRW) ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias de Cuba, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”.
Con información de INFOBAE
Entre julio y octubre, HRW entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.
Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”.
Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.
Aquel 11 de julio
El 11 de julio, cuando empezaron las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”. Varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales. El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las restricciones de internet para limitar la posibilidad de los críticos de movilizarse.
Human Rights Watch determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones. Más de 1.000 personas fueron detenidas, según la organización cubana de derechos humanos Cubalex; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.
La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡libertad!” o “patria y vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “patria o muerte”, y critica la represión en el país. En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas.
Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19 alcanzaron algunos de los niveles más elevados en Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención.
La justicia cubana
Los manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los manifestantes fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia de a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos pocos minutos antes del juicio.
El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, según comprobó Human Rights Watch.
