Más de 130.000 españoles residentes en Venezuela podrán participar presencialmente en las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre, a través del voto en urna habilitado en los consulados desde este sábado 21 hasta el jueves 26 de noviembre.
Los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrán descargar las papeletas correspondientes a las candidaturas y depositar su voto en las urnas habilitadas en las oficinas consulares hasta el 26 de noviembre.
También podrán ejercer su derecho al sufragio por correo, siempre que remitan el voto a la oficina consular antes del 24 de noviembre.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo de españoles residentes en el extranjero para estos comicios asciende a 2.776.645 electores.
Venezuela concentra 130.985 votantes registrados, lo que la convierte en el séptimo país con mayor número de españoles habilitados para participar en las elecciones. Argentina encabeza la lista, con 524.000 electores, seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954) y Brasil (135.685).
Por otra parte, los españoles inscritos en el CERA que se encuentren temporalmente en España podrán solicitar el voto por correo en cualquier oficina de Correos y remitirlo hasta el jueves 26 de noviembre, luego de que las autoridades ampliaran el plazo un día.
Quienes residan temporalmente en el extranjero deberán inscribirse como no residentes en la oficina consular correspondiente, solicitar la documentación electoral y enviar su sufragio antes del 26 de noviembre.
Restricciones para descendientes de exiliados
En estos comicios también habrá restricciones para parte de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como la «ley de nietos».
El Tribunal Supremo español ordenó a la Junta Electoral Central (JEC) impedir que 163.355 descendientes de exiliados que consiguieron la nacionalidad mediante esta normativa puedan votar, incluso si actualmente residen en España. La excepción corresponde a 901 personas que lograron acreditar su condición de descendientes de exiliados políticos.
La disposición permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de ciudadanos que abandonaron el país por razones políticas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco.
Sin embargo, el movimiento político Iustitia Europa y el partido Vox recurrieron la instrucción del Gobierno que presumía la condición de exiliados de quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Ambos cuestionaron que todos los emigrantes de ese período hubieran abandonado el país por motivos políticos.
Ante estos recursos, el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las incorporaciones al censo electoral de los afectados.
Con información de EFE














