Graduandos de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) y sus familiares exigieron al Ministerio de Educación Superior que permita la entrega de títulos a 132 estudiantes en Táchira.
Según explicaron, la ministra Ana María Sanjuán ordenó el miércoles 4 de noviembre suspender el acto de grado, previsto para el lunes 9 de noviembre.
El acto se había organizado en el marco de la autonomía universitaria, en el auditorio de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet). Según los afectados, el ministerio había aprobado la entrega de los títulos tras dos años de trámites administrativos y legales y de revisión de expedientes.
El presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, padre del graduando Juan Miguel Márquez, dijo que el ministerio abrió un procedimiento administrativo y no pudo demostrar ninguna irregularidad en el desarrollo académico. Afirmó que la ministra «anula el acto sin resolución alguna».
Márquez habló junto a la abogada Ana Hernández y los graduandos David Cubillos y José Nieto. Calificó la suspensión de «grave violación a la autonomía universitaria» y de violación del derecho constitucional a la educación.
También dijo que constituye «el crimen de persecución contra los estudiantes de la UBA Táchira, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional».
Márquez recordó que dos estudiantes murieron en las carreteras del país mientras viajaban para buscar sus títulos. Se trata de una familia oriunda de Colón, municipio Ayacucho, del estado Táchira.
«No es lo mismo trasladar a ocho autoridades a San Cristóbal, que trasladar a 500 personas, entre graduandos y familiares», afirmó. Calificó la suspensión de «hecho arbitrario no solamente contra los estudiantes, sino contra el Táchira».
El defensor de derechos humanos exhortó a la ministra a no ser «cómplice de la corrupción» del exministro Ricardo Hernández ni de la «delincuencia organizada» que, según dijo, instaló en el ministerio. Aseguró que tienen pruebas y que las denunciaron públicamente y ante la Fiscalía en Maracay.
Márquez exigió que el acto de grado se realice en San Cristóbal, como piden los propios estudiantes. «No se puede seguir violando la ley en una etapa de transición», dijo.
Afirmó que Sanjuán es una de las negociadoras del régimen en las conversaciones de transición con Dinorah Figuera y le preguntó si va a violar la ley. Anunció que se convertirá en «denunciante nacional e internacional» de estas violaciones.
Nieto, uno de los 132 graduandos, dijo que cumplieron los trámites administrativos y la carga académica exigida. Afirmó que el ministerio hizo auditorías internas de la base de datos de la universidad y de los expedientes de los egresados y concluyó que no había irregularidad.
«Es imposible que ya se tenga planificado un acto de grado, en donde tenemos compañeros que ya están viajando de diferentes partes del país y de otros países, ya hicimos una inversión en toga, birrete, y aparece el Ministerio con un comunicado de prensa para crear miedo», dijo.
Nieto indicó que desconoce si Sanjuán tiene pleno conocimiento de lo que ocurre. Afirmó que los graduandos continuarán luchando por su derecho a titularse.
