El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que funcionarios de custodia exigen a los reclusos y a sus familiares cuotas de entre 50 y 100 dólares por persona para financiar supuestas reparaciones en las instalaciones carcelarias, una responsabilidad que corresponde al Estado.
Según la organización, desde su ingreso a un centro penitenciario los presos deben costear uniformes, calzado, colchonetas y utensilios personales. Además, pagan cuotas de entre 5 y 12 dólares para acceder a agua potable y se les cobra por recibir alimentos que las autoridades llaman «delicateses», aunque son productos básicos como las proteínas. También hay denuncias de cobros por visitas conyugales, traslados y trámites.
Los familiares dijeron al OVP que los internos les transmiten la exigencia por llamadas telefónicas o durante las visitas. En algunos casos, presuntamente son los propios custodios quienes contactan a los parientes, les dan los datos bancarios para las transferencias y les piden avisar a otras familias.
Los cobros se justificarían con la compra de pintura para una cancha deportiva y la reparación de talleres, comedores, techos y paredes, entre otras áreas.
Los familiares expresaron preocupación por posibles castigos, tratos crueles, aislamiento o incomunicación contra quienes no puedan pagar. «Ahora vienen a pedir un dineral. A esa gente no le importa si no tenemos, saben que somos pobres y aún así nos siguen sacando plata», dijo una de las afectadas, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad.
El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, es el organismo encargado de planificar, financiar y ejecutar la construcción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria. Por tanto, las reparaciones no deben trasladarse a los presos ni a sus familias.
El director del OVP, Humberto Prado, rechazó los cobros: «Estas acciones constituyen delitos graves de concusión, corrupción y violación de los derechos humanos fundamentales». Calificó los hechos de «reiteradas prácticas de extorsión, cobros indebidos y abuso de poder».
El OVP ha documentado estos cobros principalmente en cárceles de los estados Carabobo, Guárico, Miranda y Lara, aunque considera que podrían ocurrir en otros centros del país.
Prado anunció que la organización consignará una denuncia con las evidencias ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República y ante la Defensoría del Pueblo, para exigir una investigación a los funcionarios presuntamente involucrados.
El OVP responsabilizó al ministro del Servicio Penitenciario, a las autoridades de los penales y al personal de custodia por cualquier represalia contra los reclusos a raíz de la denuncia. También continuará documentando nuevas exigencias de pagos y posibles desvíos de recursos, y prometió hacer públicas nuevas pruebas si las autoridades no adoptan correctivos.
